Gobiernos populistas

MOCHILASUNAS POR OTRAS. Ante la incapacidad de cumplir eficientemente con sus obligaciones constitucionales, los ayuntamientos de todo el país recurren a programas de gobierno populistas que benefician a una parte muy reducida de la población, parte sin embargo que constituye la base electoral del grupo gobernante. De manera especial en Puerto Vallarta se han llegado a excesos del populismo nunca antes vistos, como la decisión de Salvador González Reséndiz de contratar a nombre del municipio un seguro médico universal para todos los estudiantes de nivel básico de Puerto Vallarta. Mediante este seguro los niños estudiantes que sufrieran un problema médico en su escuela o en el trayecto de su casa a la misma o viceversa tenían derecho a atención gratuita, sin importar que un gran porcentaje de estos estudiantes ya tuviera cobertura médica gracias a que sus padres son afiliados activos al IMSS. Durante los años en que estuvo vigente ese programa social se registraron casos de unos cuantos estudiantes que se beneficiaron con el programa, sin embargo, al prorratear el costo total contra el beneficio de unos cuantos que lo requirieron, el saldo fue evidentemente adverso. Habría sido más barato que el ayuntamiento se comprometiera a pagar los gastos médicos de los niños afectados, sin necesidad de pagar una cobertura millonaria para beneficios de unos cuantos.

NEGOCIOS EN LO OSCURITO. Sin duda alguna estos programas de gobierno suenan espectaculares, sin embargo en la práctica son totalmente caducos por un detalle básico: el ciudadano común espera que su gobierno municipal le brinde seguridad pública en las calles, un excelente servicio de alumbrado y recolección de basura, calles en buen estado y parques y jardines aptos para el esparcimiento familiar. Ningún ciudadano en su sano juicio aspira a que el ayuntamiento le regale una póliza de seguro para que su hijo tenga derecho a atención médica en caso de que se descalabre jugando en el recreo. Por desgracia, en la mayoría de los casos estamos ante programas de gobierno populistas diseñados para el beneficio monetario de algún funcionario municipal, generalmente el que negocia la contratación millonaria con una compañía de seguros mediante el pago de la clásica comisión del 10%. En el gobierno de Salvador González Reséndiz hubo otros programas que sí merecían su permanencia debido a su naturaleza, como el seguro de daños por siniestro a que tenían derecho los ciudadanos que pagaran en tiempo y forma el impuesto predial. Por desgracia esos programas que promueven el pago puntual de los impuestos municipales no fueron promovidos con la misma fuerza que el resto de programas de corte populista.

EL COLMO DEL POPULISMO. Instalado en la línea del populismo, el gobierno de Salvador González Reséndiz impulsó el reparto masivo de uniformes escolares para decenas de miles de estudiantes vallartenses, buscando la gratitud de los padres de familia beneficiados, gratitud que para desgracia del grupo gobernante no se tradujo en las urnas porque hubo otro grupo político que fue más audaz y subió la oferta a cinco sacos de cemento o un puñado de láminas de asbesto. Aunque en números globales las partidas destinadas por el municipio para el programa de repartos de uniformes escolares es millonario, de manera individual cada beneficiario en realidad termina recibiendo un apoyo en especie por no más de 200 pesos, lo cual realmente no impacta en el mejoramiento de sus finanzas familiares. En lugar de gastar sumas millonarias en proveer de uniformes de pésima calidad a decenas de miles de estudiantes del municipio, sería más fácil impulsar la desaparición del uniforme escolar obligatorio, con lo cual miles de familias ya no se verían obligadas a hacer ese gasto cada inicio de ciclo escolar.

LA GUERRA DE LAS MOCHILAS. El mejor ejemplo de este asunto lo vemos en este momento con el tema de las mochilas que está regalando el gobierno de Puerto Vallarta, mochilas de pésima calidad que sólo buscan promocionar la marca del Partido Movimiento Ciudadano en las colonias populares del puerto. Sin embargo este programa ha tenido un costo de 10 millones de pesos, cantidad que dividida entre el número de beneficiarios arroja un dato simple: cada estudiante ha sido beneficiado con 190 pesos, costo oficial de cada mochila con su contenido de útiles escolares. La justificación oficial de este programa es que con ello se está beneficiando a miles de familias vallartenses al librarlas del oneroso pago de la mochila y los útiles escolares, sin embargo, en la vida real la mayoría de esos miles de padres de familia gasta mucho más en tabaco y cerveza por semana que esos 190 pesos que representan una mochila espantosa y un juego de útiles escolares Made in China. En cambio, las principales avenidas del municipio están totalmente en ruinas plenas de baches porque el municipio no tiene dinero para repararlas. Los policías hacen sus rondines en bicicletas debido a la falta de patrullas. Con los 10 millones de pesos que se destinaron a las mochilas fácilmente se habrían comprado las 50 patrullas que requiere con urgencia el municipio, pero cuando finalmente se compren el problema será que no habrá dinero para la gasolina.

POSDATA. Regalar una mochila con valor de 190 pesos a un estudiante, o cinco sacos de cemento a una ama de casa, es una mala decisión para un ayuntamiento que se declara incapaz de brindar una excelente seguridad a sus ciudadanos por falta de patrullas. Gastar 13 millones de pesos en el remozamiento de la jardinería de la avenida de ingreso es una mala idea del gobierno municipal, que con ese dinero habría bastado para terminar de pavimentar la Av. Prisciliano Sánchez que ya lleva mucho tiempo a medias, generando un caos vial en una de las zonas más transitadas del municipio. Y de la Av. México mejor ni hablar, algunos jóvenes se ganan la vida pidiendo cooperación a los automovilistas a cambio de tapar los baches con tierra todos los días.

VOX POPULI. Lo peor de todo esto es la absoluta opacidad con la que los gobiernos manejan el dinero público sin rendir cuentas a nadie. Jamás se sabe el monto real de lo gastado en estos programas, mucho menos se transparenta el proceso de licitación de los contratos que en realidad son adjudicados directamente a socios y familiares de los hombres del poder, sin que ninguna autoridad sea capaz de obligarlos a cumplir con la norma que establece concursos públicos y transparentes que garanticen la mejor calidad al mejor precio.