Los dueños de la Av. México

COLECTOR20 AÑOS DESPUÉS. Con cierta frecuencia surgen personajes en diversos puntos del mundo que alegan ser dueños de la luna o el sol, por eso no es extraño que de vez en cuando aparezca un loco en Puerto Vallarta reclamando derechos sobre propiedades que llevan años formando parte del patrimonio municipal. Ayer jueves, al filo de las 12:00 horas, un joven de nombre Armando Ibarría atravesó su camioneta sobre los carriles poniente de la Av. México, a la altura del lienzo charro de los Ibarría, justo sobre el área donde una empresa contratista realiza los trabajos de rehabilitación del gran colector que lleva todas las aguas residuales de la ciudad a las plantas de tratamiento ubicadas en el norte de la ciudad. Por espacio de dos horas el joven Armando Ibarría, quien el año pasado se desempeñó como chofer de Adrián Méndez durante el tiempo que duró la campaña electoral, impidió los trabajos de la empresa contratista, la cual opera contra reloj ya que está obligada a terminar la obra el próximo 31 de diciembre. No fue el de ayer el primer intento de la familia  Ibarría por posesionarse de una calle pública que aseguran les pertenece, aunque reconocen que en 1993 otorgaron su consentimiento para la ampliación de la Av. México a cuatro carriles. El pasado 2 de diciembre apareció un lienzo de púas sobre el mismo terreno, mismo que fue retirado por personal que trabaja en las obras del colector debido al peligro que representaba para quienes transitaban por la zona.

 

POLÍTICA Y DINERO. Hace algún tiempo otra familia vallartense de la noche a la mañana decidió instalar un cerco sobre la Av. Grandes Lagos en su entronque con la Av. Prisciliano Sánchez, alegando ser propietaria del terreno. Finalmente el ayuntamiento negoció con ellos y logró recuperar pacíficamente la calle bloqueada, así que evidentemente la familia Ibarría busca un beneficio económico aprovechándose de la urgencia del Seapal Vallarta por realizar los trabajados de rehabilitación del gran colector antes del fin de año. Sin embargo los Ibarría se equivocan de interlocutor, porque en todo caso su litigio debiera ser en contra del ayuntamiento de Puerto Vallarta, que es el que administra las calles y avenidas del municipio que son propiedad pública. Si la familia Ibarría cuenta con los documentos que demuestran que la mitad de la Av. México está invadiendo su propiedad, entonces deben recurrir a los tribunales competentes para reclamar sus derechos y exigir una indemnización justa. Sin embargo el hecho de actuar directamente contra el Seapal Vallarta exhibe una actitud chantajista que busca conseguir un poco de dinero fácil en una forma rápida.

 

ASÍ O MÁS RIDÍCULOS. De acuerdo con el abogado Jorge Santana Ibarría, su familia dio el permiso en 1993 para que la Av. México fuera ampliada sobre sus terrenos, lo cual representó una afectación de aproximadamente 64 mil metros cuadrados. Tras 20 años de haber consentido pacíficamente este despojo, de pronto la familia Ibarría decide que una cosa es el municipio y otra cosa el Seapal Vallarta, así que si la empresa paraestatal pretende realizar trabajos del colector bajo la Av. México entonces deberá pagar una cantidad de dinero no especificada a quienes se dicen propietarios de la calle. De permitirse este atropello no sería nada extraño que el año próximo los Ibarría decidan colocar una caseta de cobro sobre el carril poniente de la Av. México para obligar a los automovilistas que circulan por ese tramo a pagar una cuota por transitar sobre los 64 mil metros que aseguran les pertenecen. Lo peor de todo es que ni siquiera hay un antecedente legal de que la familia Ibarría haya intentado obtener una indemnización por la invasión de sus terrenos, lo cual es una evidencia más de que lo único que pretenden es chantajear al Seapal Vallarta para que les pague una cantidad de dinero que sólo ellos saben a cuánto asciende, porque de ser verdad que les pertenecen 64 mil metros, 6.4 hectáreas, estaríamos hablando de una millonada de dinero, siempre y cuando el tribunal correspondiente así lo ordene.

 

LA LEY DE LA SELVA. Por suerte el Seapal Vallarta reaccionó de inmediato y el área jurídica de la dependencia inició pláticas con los Ibarría, quienes con el apoyo de un abogado y de un notario público aceptaron retirar el bloqueo para sentarse a negociar, lo cual continuará el día de hoy en las oficinas del Seapal Vallarta. Se aplaude la voluntad política de César Abarca por llegar a un arreglo satisfactorio para ambas partes, sin embargo mal hará el director del Seapal en ceder a los chantajes de estos sujetos, quienes de manera impresionante decidieron hacerse justicia por mano propia. En todo esto sorprende la facilidad con la que un grupo de ciudadanos es capaz de bloquear una avenida pública sin que el ayuntamiento intervenga, lo cual es muy grave porque deja al Seapal Vallarta en la indefensión absoluta. Solo falta que el alcalde Ramón Guerrero declare que se trata de un asunto entre particulares, como señaló cuando un puñado de vivales invadió el predio de los Alcaraz en Ixtapa para fundar la tristemente célebre Cartolandia. Como todo mundo sabe, la Av. México forma parte del patrimonio municipal desde hace muchos años, al grado de que los propios afectados reconocen que en 1993 otorgaron su consentimiento para que se ampliara esa avenida, lo que implica que hace 20 años renunciaron pacíficamente a la posesión del predio, el cual forma parte desde entonces del inventario de bienes públicos del ayuntamiento. Sólo ahora se les ocurre decir que el permiso fue para una calle, no para un colector, aunque olvidan que el colector está ahí desde 1993, enterrado bajo una calle pública.

 

POSDATA. Insisto, no se niega el derecho de la familia Ibarría de reclamar lo que dicen les pertenece, sin embargo para eso existen los caminos legales adecuados, instancias que por desgracia implican años, décadas, de litigios costosos y desgastantes para las partes implicadas. Lo que se cuestiona es la actitud evidentemente chantajista en la que incurren al obstaculizar los trabajos de los contratistas del Seapal para obligar a esa empresa a pagarles un dinero que no les corresponde.

 

VOX POPULI. Para su fortuna, el Seapal cuenta con todos los permisos necesarios para realizar los trabajos de rehabilitación del colector, por lo tanto no existe ninguna obligación legal para ceder a los chantajes de la familia Ibarría. Si Armando Ibarría insiste en bloquear la Av. México el Seapal deberá solicitar la intervención de la fuerza pública para desalojarlo y el alcalde Ramón Guerrero estará obligado a usar la policía para recuperar un área que es pública por lo menos desde hace 20 años.