¿Por fin existirá la autonomía entre los pueblos indígenas de México?

Aunque en nuestra Constitución Política Mexicana se contempla el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, actualmente estas comunidades se encuentran exigiendo una ley que les garantice su autonomía y, al parecer, Enrique Peña Nieto tiene la intención de emitir una propuesta que retome las deudas con los zapatistas y los demás pueblos milenarios de nuestro México.

 

Durante la semana pasada, en este mismo espacio, recordábamos el vigésimo aniversario de la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), las transformaciones por las que ha atravesado y su legado. A pesar de que el Gobierno Federal aceptó los acuerdos de San Andrés (en cuyas demandas exigían una ley efectiva para ejercer el derecho de autodeterminación) hasta hoy, los zapatistas y agrupaciones como el Frente Democrático Campesino continúan reclamando una ley que responda verdaderamente a sus necesidades.

 

El artículo 2° de nuestra Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, sin embargo, en cada estado de la república se determinan las condiciones para que esta ley sea aplicada en sus respectivos territorios, ¿qué paradoja, no?

 

A pesar de que ya han transcurrido 20 años desde las primeras demandas de los zapatistas, hasta la fecha no hay garantías legales que les permitan a los grupos indígenas ejercer plenamente su autonomía y de acuerdo a esto, Jaime Martínez, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, anunció que desde hace 6 meses se ha estado trabajando en la Secretaría de Gobernación una ley que retome las deudas pendientes con el Acuerdo de San Andrés cuyo diálogo se ha estado colocando en la vitrina del olvido porque básicamente estas “políticas implementadas” no han dado resultados en este período de tiempo.

 

No está por demás repetir que los estados libres y soberanos no ponen en riesgo a la Federación, ni son separatistas (aunque tengan sus propias leyes, sus propios tribunales y su propia administración de recursos). Los municipios libres no constituyen un Estado dentro de otro Estado.

 

La tradición constitucionalista de México frena esta posibilidad porque las raíces políticas de las constituciones mexicanas (que aún no llegan a los 200 años de antigüedad), cancelan la opción de reconocer y respetar una realidad cultural e histórica que abarca más de cinco siglos.

 

Lo que sí es una realidad es que los procesos autónomos van más allá de los moldes teóricos o jurídicos con los que se les han intentado frenar las reformas constitucionales recientes. También, que esa fuerza de procesos sociales reales van más allá de las zonas de Chiapas, donde se asientan las juntas de buen gobierno. Estudiar, analizar o comprender estos procesos no puede separarse del compromiso con esos pueblos.

 

Pero aterrizando de nueva cuenta a nuestra realidad política y social, de momento, lo único que nos queda es esperar para comprobar si este anuncio realizado por el Presidente de México y la eventual ley que se desarrolle, en realidad respaldará la autonomía de las comunidades o si es un simple simulacro hecho para aprovechar que este tema (del que hay tanta tela de dónde cortar) está en boga entre los medios de comunicación.