Usted tiene razón: ¡ Son los mismos !

Al asombro -al recordar  que quien está como presidente del Supremo Tribunal de Justicia  en Jalisco es alguien con  antecedentes  penales y  para colmo, con  hechos  comprobados  y aceptados, pero  el  expediente  judicial de primera instancia,  perdido-  ha seguido  una indignación generalizada  contra  estos políticos que  han deteriorado   a Jalisco,  antes  “Tierra  de abogados”, reconocida por la sabiduría  y  calidad de  sus juristas.

Aclaremos que de pronto  apareció  el expediente de  segunda  instancia, donde  pudo puntualizarse  lo  de  las acusaciones por las cuales fue juzgado  y condenado  a  cuatro años  de  pena carcelaria que  resolvió  en meses.

Formalmente, por lo que dice la ley,    serían  los diputados locales, los del   Congreso  de Jalisco   quienes  asumirían la responsabilidad  de   haber aprobado,  como  magistrado  del Supremo Tribunal, a una  persona con antecedentes penales, contra lo  que la mismas  leyes  exigen que  el prospecto a  magistrado tenga  buena reputación.

Bien sabemos que los diputados  no son  en realidad quienes ponen  en el Poder  Judicial. Para decirlo con crudeza: ellos sólo cubren  las  formalidades.  Votan  como les dicen, por quien les  indican. Esa  es la triste verdad  en la supuesta “división  de  poderes”.

¿Qué  pueden hacer los diputados para eludir cargar con la responsabilidad histórica, como  en este  caso?   Votar  en contra. Razonar  el voto para explicar que no  están de  acuerdo con la farsa.  O en último  caso: abstenerse.

Cuando aprobaron como magistrado  a  Luis  Carlos Vega Pámanes,  el  30  de agosto de  2007,   en el Congreso de Jalisco  había  mayoría (20)  diputados  por el PAN; de  ellos, Norma  Angélica Aguirre  mostró  asco y se abstuvo públicamente de participar  en la discusión  y  de  votar.  Todos  los  demás,  bajo el control de Jorge Salinas,  votaron a favor. Junto con Vega Pámanes,  aprobaron 3 magistrados, según  eso, impulsados por el PAN,   otro por el PRD y otro  más por el PRI. Del PRI  había  12 diputados, del PRD   había 3.

El presidente  de la  mesa  directiva  del Congreso era  Samuel Romero Valle.  En ese momento   ya diputado por  el PRD,   junto con Enrique Alfaro Ramírez,  quien  también era diputado por  ese grupo. Como  Samuel Romero Valle,   Alfaro  venía  del PRI.

Aparte  de la panista  Norma Angélica Aguirre, quienes no  votaron a  favor  de Vega Pámanes, fueron: Alfredo Zárate  (PT), Luis Manuel  Vélez  (Verde Ecologista), inconformes porque para nada les habían tomado en cuenta. Así  como  los activistas Alejandro Díaz  y Guadalupe  Madera Godoy,  entonces  diputado por “Nueva Alianza”, quien  protestó por  lo amañado y desaseado  trámite  de  la aprobación.  Por el PRI  la única  que  no  votó a favor  fue  Verónica Martínez Espinoza.

Por supuesto   que el  gobernador  de Jalisco  era   Emilio González  Márquez.  Ya para entonces   del Partido Acción Nacional.  Políticamente   lo  de Vega Pámanes  es  otra  de las    malditas  herencias  que a Jalisco dejó  ese  majadero.

Diputado  por el PAN  era  también  el  responsable  de la Comisión de Justicia  del Congreso, Juan Carlos Márquez,   hoy  todavía  en el PAN, en   cargo  de regidor  en Guadalajara, con Enrique Alfaro; también estaban en la comisión:  Felipe  Pulido, entonces del PAN, hoy  de “Movimiento Ciudadano”; César Madrigal,  del PAN;  Verónica  Martínez,  del PRI; y Samuel Romero Valle, entonces  compañero  de Enrique Alfaro en la  fracción parlamentaria del PRD.

Súmenle  entre quienes  votaron a favor  a: Hugo Contreras Zepeda (otra vez en el Congreso) Juan Carlos Castellanos,  Jorge Arana (otra  vez),  Javier Galván, Salvador Barajas  del Toro, Carlos Alberto Briseño, de PRI.  Nacho Guzmán, Eduardo Argüelles, Gustavo González, igual  del  PAN.

Fue esa misma  diputación de los grandes trinquetes.  Cuando se compraron edificio, elevadores y aires acondicionados  chafas, uniformes, etc.  Cuando   se contrataron “servicios”  millonarios  que todavía  no se pueden  ver, ni  de aclaran.  Cuando a lo descarado, fueron a dar a las cuentas particulares  de los  coordinadores  de las  fracciones  en dos años (2007 y 2008)  más de  121  millones de pesos, “libres de polvo y paja”.  Callarse, obedecer    y levantar el dedo,  se  vende  caro.

Conste que  cuando  Luis Carlos Vega Pámanes   vino  a Puerto Vallarta, durante  la presidencia municipal de  Javier Bravo,  ya tenía  el antecedente de su expulsión  de la  UdeG  por  el  escándalo  donde  perdió la vida su seguidor “Vicentillo”. Igual tenía fama  de  chofer y golpeador del   último presidente de la FEG,  Oliverio Ramos. Y por supuesto había sucedido lo  del   robo  del auto, atropellamiento de dos  señoras con muerte de una  de ellas,  resistencia a balazos  a la policía, lo que al saberse ahora le costó  pedir licencia sólo a la Presidencia del Supremo Tribunal  de Justicia  del Estado de  Jalisco,  no  a la  magistratura,  donde, si  no pasa algo más,  seguirá  como “juez de los jueces”.  Se dijo que para Puerto Vallarta  lo recomendó  Javier  Galván Guerrero, ex presidente  del PRI  en Jalisco,   que fuera asesinado a balazos en pleno día en una de las principales avenidas  de Guadalajara, en junio del  2015.

Repasando  todo esto, opinamos  que ustedes  tienen razón cuando afirman  convencidos: ¡Son los mismos! ¡Son los mismos!