¿Poner las barbas a remojar?

Acaban de   meter a la  cárcel  a  quien  era presidente  de   Perú  y  a su mujer,  acusados   de  corruptos.   Ollanta  Umala y  Nadine Heredia  ya durmieron en celda el  jueves  pasado.

También  condenaron al ex  presidente de  Brasil,  Lula  da  Silva por haberse   beneficiado de la corrupción  de una constructora. Nueve años  de   prisión  carga  desde   la  semana  pasada.

Ségio  Cabral, mandamás de Río de Janeiro,  organizador  de los  Juegos Panamericanos, -previos  a   los  que   organizaron los políticos   corruptos  de  Jalisco que  siguen  impunes-,  está  en  prisión  condenado a    14 años  por  corrupto y  blanqueador  de   dinero.

La  ex presidenta de Brasil  Dilma  Rousseff,   al  igual que el actual presidente Michel Temer están  bajo investigaciones por corrupción  que a  Dilma ya  la  sacaron  del poder  y a Temer le  tienen en  manos  del  Congreso y  del Tribunal   Supremo de  Justicia,  con  un  pié  fuera de Brasilia  y  otro dentro  de  prisión.

Antonio Saca, expresidente  de  El Salvador fue  apresado  en plena fiesta  de boda  de  su hijo,  acusado de corrupción. Saca  llegó  a la  presidencia siendo empresario. Su nuevo enriquecimiento asombró a todos.  Otro expresidente  salvadoreño,  Mauricio  Funes,  proveniente  de la  izquierda   marxista, igual  está  siendo investigado por corrupción.  En eso son  los  mismos.

Alfonso Portillo  Cabrera,  ex  presidente de  Guatemala,  está  preso  en Estados  Unidos, por lavado de  dinero.

La ex presidenta de Argentina,  Cristina Kirchner, vive  ahora  de juicio en  juicio,  acusada   de  corrupciones.  En junio  de  2016,  el  tema  de la corrupción de los Kirchner alcanzó  características  de folletín, cuando el    ex  responsable   de  Obras  Públicas,  José  López,  fue   sorprendido  en  la madrugada  lanzando bolsas   repletas  de  dólares  sobre  la  barda de  un convento  de   ancianas   monjas, en las orillas   de Buenos Aires. Un vecino  alarmado, llamó  a la  policía, cuando llegaron ya  el ex  secretario de Obras Públicas  estaba  dentro del convento, donde permaneció por más  de  una  hora. Le  atraparon   al salir. Catearon el  convento.  Las   mochilas   contenían nueve   millones  de  dólares. Las  ancianas   monjas,  amigas  de  López  y  de su esposa  que  les  llamaba  avisándoles  de  la  visita  de  su marido a las   tres de  la  madrugada,  suponían  que las bolsas contenían donativos de  alimentos.  Los  hijos  de Cristina  también  están  siendo  procesados por  corrupción.

De  hecho, las presiones  internacionales   van   enfocándose de país  en país, conforme  momentos y  circunstancias.  En  algunos países las instituciones  nacionales   reaccionan  e inician   espectaculares  investigaciones   y juicios  contra   ex presidentes y  presidentes, evitándose   así  que  se lleven a los  políticos  locales  a juzgar  a Estados  Unidos  o  que les   impongan la  “solución  Guatemala”,  de   fiscalías excepcionales  con  expertos de  diferentes  países.

En México ya funcionan los grupos de presión, exigiendo medidas efectivas en contra de la corrupción y la impunidad, igual que mostrando indignación ante la farsa de “lucha anticorrupción”, con la que el sistema político supone librarla de momento.

Pero la tendencia internacional apunta a que los temas de impunidad y corrupción jugarán cada día un papel más grande, cuando las negociaciones lo requieran.   Es   un  frente  muy  débil   que tiene  nuestro país   cuando de  conseguir justos  arreglos  se  trata.

Se supone, entonces  que  el  gobierno  mexicano  hará mucho  más  al respecto que  andar  persiguiendo,  selectivamente,  ex  gobernadores  corruptos, sin  atreverse   a   destapar  las  grandes   cloacas y  hasta  los temas, como   el de la  empresa  corruptora   brasileña Odebrecht, cuyos  beneficiados   mexicanos  siguen  siendo  excepcionalmente   protegidos en  México, mientras en otros  países  ya  hasta  son  juzgados  sin  importar  el  rango.

De  ahí  la pregunta a los  prepotentes políticos  mexicanos:¿No  será  tiempo  de  que pongan sus  barbas  a  remojar?

.

CASO LULA, EN BRASIL

En estos momentos, el caso más sonado de corrupción en un gobierno es el del expresidente de Brasil Lula da Silva, a quien le dieron nueve años y seis meses de prisión: esa es la condena que recibió el miércoles de la semana que concluyó.

La sentencia del juez federal Sergio Moro se da en el marco del operativo “Lava Jato” (autolavado, en portugués), la gigantesca trama de corrupción que rodeó a la petrolera estatal Petrobras y salpicó a políticos y poderosos empresarios de Brasil.

Esta es la primera condena de Lula, quien fue presidente de Brasil de 2003 a 2010 y todavía es uno de los políticos más populares del país.

El exmandatario, que tiene otras cuatro causas penales pendientes, ahora tiene derecho a apelar la sentencia y no irá a prisión mientras dure este proceso.

Además, como se trata de una sentencia que no es firme hasta que se resuelva la apelación, Lula conserva la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones en octubre de 2018.

El expresidente de Brasil Lula da Silva, condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero, tiene 71 años y siempre negó los cargos y se considera víctima de una caza de brujas.

BBC Mundo respondió a algunas de las grandes interrogantes detrás del escándalo por el que Lula fue sentenciado.

¿Por qué delitos lo condenaron?: Lula fue condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

En concreto, el expresidente fue hallado culpable de aceptar sobornos por US$1,1 millones de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en el escándalo de Petrobras.

El juez consideró que Lula, como encargado de nombrar a los directores de Petrobras, tenía “un papel relevante en la trama criminal” de lo que en Brasil se conoce como Lava Jato.

Esto es, la red de corrupción por la que grandes empresas del país se pusieron de acuerdo para repartirse los multimillonarios contratos de Petrobras sobornando a políticos y funcionarios de la petrolera.

Derechos de autor de la imagen Getty Images

Image caption En primera instancia, Lula no irá a prisión a pesar de la condena a 9 años y medios de cárcel.

Según la sentencia de Moro, el de Lula fue “un delito complejo que implicó la práctica de diversos actos en momentos diferentes”.

El pago fue destinado a reformar y amueblar un apartamento de tres pisos de lujo (triplex) en la localidad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.

Sin embargo, el juez dictaminó que Lula “podrá presentar su apelación en libertad” sin tener que ir a la cárcel, a diferencia de otros condenados en el marco del “Lava Jato” contra los que Moro sí que decretó su detención o prisión preventiva.

“Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de implicar ciertos traumas, la prudencia recomienda que se espere a la decisión de la corte de apelación antes de imponer las consecuencias propias de la condena”, indicó el juez.

Es decir, Moro decidió no mandar a prisión a Lula hasta que se resuelva la apelación a la que tiene derecho y la razón esgrimida por el juez es que encarcelar a un expresidente puede provocar “ciertos traumas”.

Derechos de autor de la imagen AFP

Image caption El juez federal Sergio Moro es el encargado de las investigaciones sobre la trama de corrupción conocida como “Lava Jato”.

De hecho, esta es la primera vez en la historia de Brasil que un exmandatario es condenado por corrupción.

El Tribunal Regional Federal será el encargado de rever la apelación. Dicho tribunal suele tomarse un año para analizar las apelaciones, por lo que es posible que la decisión judicial llegue en la víspera de la elección presidencial de octubre de 2018.