Cambiar o no cambiar, el dilema…

  • No obstante, el caso que más concierne es el del Poder Judicial. Dudar del vigilante de la legalidad nos pone en manos del delincuente.

Que todo cambie, para seguir igual…  – Giuseppe Tomasi.

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Por Octavio Urquídez

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Vivimos días inciertos. En el aire flotan las mil y una conjeturas que acompañan a todo proceso preelectoral. Teniendo un puntero virtual en las encuestas con las que pretenden adivinarse los resultados de la próxima contienda presidencial, súbitamente esa posición de liderazgo se antoja carente de cimientos sólidos. Basta una sola decisión del líder para que su primacía se tambalee, para que los contrarios emplacen sus armas e incrementen el arsenal con decisiones que, por su misma urgencia, no se antojan las más acertadas.

El asunto no dejaría de ser temporal en cuanto a los calendarios, y por ello carecer de importancia, si no fuera porque está en juego el modelo de nación que estamos obligados a estructurar. Del rumbo que tomen los acontecimientos inmediatos depende la naturaleza y la calidad de las instituciones que sustenten el caminar del país y, de lo más importante, las relaciones que guarden las relaciones entre sí.

Puede suponerse que, en tratándose de un modelo republicano cimentado en tres poderes independientes, bastaría con determinar la estructura de esos elementos capitales para inferir las relaciones entre ellos. Sin embargo, el proceso pierde su sencillez si tenemos en cuenta que el Ejecutivo está amenazado de cambios radicales si, al final, los resultados en las urnas obligan a tejer una red de coaliciones llamadas a constituirse imprescindibles para asegurar la gobernabilidad. Los bajos porcentajes de preferencia así lo prevén.

Estos niveles tan bajos de participación no han sido, hasta ahora, elementos generadores de ingobernabilidad. El país ha caminado, entre tropiezos si se quiere, pero ha seguido adelante porque se ha tenido pericia en el gobernar conjuntamente con la oposición. El proceso de reformas generado por la acción del Plan México son una muestra de ello. Es cierto que la historia aún no se acaba de escribir, pero no hay duda de que más pronto que tarde habrán de delinearse los renglones pendientes. La generosidad, el desinterés y la altura de miras no han sido un elemento presente en la vida política nacional con la frecuencia que se precisa. Todo marcha bien, hasta que el egoísmo y los intereses personales o facción aparecen en el escenario. La reciente crisis en la Cámara de Diputados, originada por el capricho de un personaje menor, refuerza nuestros supuestos. Los predestinados son el verdadero peligro para la gobernabilidad. Y, según acabamos de ver en el Congreso, los hay a izquierda y a derecha.

Las instituciones preocupan. Puestas ante los ojos y la crítica de la sociedad, acaban por caer en dudas severas. Así pierden legitimidad. Los acosos al Instituto Nacional Electoral (INE) son muestra elocuente: desde antes, inyectan incertidumbre al proceso electoral.

No obstante, el caso que más concierne es el del Poder Judicial. Dudar del vigilante de la legalidad nos pone en manos del delincuente. Esto explica el crecimiento de los grupos que asolan a la sociedad y la perturban, por más que jueces y magistrados defiendan su postura y la remitan a otras instancias, especialmente las que se encuentran en la esfera de la procuración de justicia. Sin embargo, pocos jueces, si los hay, son capaces de someter a proceso a los supuestos culpables, los agentes del Ministerio Público, y se limitan a dejar constancia de los defectos en el debido proceso, dejando sin más a quienes señalan por las irregularidades. Quizá ahí termine el procedimiento… la injusticia, en cambio, se robustece. Se tiene la firme esperanza de que el incipiente Sistema Anticorrupción, con los nuevos tribunales a crear, aminoren la impunidad, sin duda la fuente primigenia de la corrupción que nos agobia.

Sin una estructura firme, legítima y transparente no habrá gobernanza y, por cansancio y hartazgo, la sociedad dejará de manifestarse dispuesta a soportar a la delincuencia y negándose a reforzar la práctica de la cultura de la legalidad. Así pues, el camino se antoja difícil, cuesta arriba, un empezar casi desde la nada desperdiciando los muchos años que llevamos construyendo instituciones.

Desde luego, para todo hay una salida. Algunos proponen una cosa y otros salen con propuestas distintas. Es posible que alguna de ellas sea la idónea. Ya es tiempo, entonces, de que olvidemos la inmediatez y comencemos diálogo y debate en un proceso que nos conduzca a encontrar el camino y la herramienta que origine el consenso e incentiven la participación ciudadana. Después de todo, mucho puede lograrse ignorando a la sociedad, pero nunca surgirá de semejante actitud el remedio que cure la impaciencia y el descontento sociales.

Menciono una de las propuestas por ser la que está de moda. Dejemos la palabra a Edna Jaime, la reconocida activista social: “El planteamiento de algunos de estos actores es hasta cierto punto radical. Para ellos lo que el país necesita no es un ajuste en las políticas públicas vigentes o un mero cambio de personas en el poder. Postulan que lo que se requiere es un cambio de régimen político”. Cirugía mayor, sin duda. No es materia de ensayo, de prueba y error. Necesitamos precisarlo, definirlo, concretarlo. Sobre todo, consensuarlo. El acuerdo es el obstáculo principal. No se ve voluntad para intentarlo siquiera, mucho menos para lograrlo.