De nuevo a prueba el sistema político de Estados Unidos

Donald Trump destituyó a James Comey, director del FBI en mayo, molesto por la forma como investigaba el “Rusiagate”, y en su lugar designó a Robert Mueller como interino. Mueller es ahora fiscal especial para el caso.

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Para  su mal,  Donald Trump ha dejado  la idea  de estar por encima de lo  aceptado, lo  normal, para un  presidente   de  Estados  Unidos. Parece un narcisista agudo, admirado  y  convencido  de sus  ocurrencias.

De  ese tipo de  gobernante ha habido  en Estados Unidos, aunque es  de discutirse  si con el mismo  grado  de problema   o sólo  “mareo al treparse  al ladrillo”.

En países  que no logran  tomar en   serio  lo   del  imperio  de  la ley, lo del  Estado de Derecho, tener  un  presidente   así,  es catástrofe  segura, maldición   de cuatro o   seis  años… si  es que para entonces  se les antoja  irse.  Pero  en  Estados Unidos, mediante la ley  y la  libertad  de prensa,  han  logrado  aquello  de: “Al gobierno,  rienda  corta”.

Cualquier  persona que llega a  la Casa  Blanca enfermo de poder, o     que  ahí  empeora,  puede estar  segura  de que más temprano que  tarde, le  será imposible: 1. Silenciar a los periodistas que  le vigilan al detalle, sintiéndose “el perro guardián  de la sociedad” y 2. Evitar que alguien,  incluso  dentro  de  su mismo    equipo, prefiera actuar   para   que  la  ley    siga   estando  por  encima  de cualquier   poder  o  capricho,  empezando   de   gobernante.

Recordar  que desempeñar  el poder es   para hacer lo  que las leyes dicen, no  lo  que  al  gobernante  se  le  ocurra al  despertar, ir al  baño y empezar a  tuitear  cada  día.

Nixon  era   abogado conocedor  a  fondo  del  sistema. Pensó poder maniobrar con  tal  habilidad, para  salirse siempre   con la  suya. Su idea: “El poder  es para ejercerlo”,  su  error: “El poder tiene  límites en los  países   civilizados”. Al experto abogado, lo  agarraron en un asunto  menor  de  espionaje   a partido  opositor  que  se volvió  bola   de   nieve:  el  “Wathergate”,  llamado  así porque   ese   es el nombre del  edificio  de  departamentos en Washington,  a  donde los “fontaneros” del  gobierno  entraron  a   robar papeles.

De  ahí  que al  escándalo grande  que  inicia  ahora  en Washington, se  le  llame  “Rusiagate”.  Es  decir:  intervención  probada  existente,  de un gobierno  enemigo de Estados  Unidos,  el  ruso, en las campañas políticas y votaciones donde  Donald Trump llegó   a la  Casa  Blanca  a hombros  de los “electores”, aun  habiendo  perdido  en  la votación popular.

El  hecho sucedió.  El  reto para  el  Estado  de Derecho   es  que  los  funcionarios dedicados  a  la   procuración  de  la justicia,  puedan probarlo,  al tiempo de   señalar  con  evidencia quién o quiénes  participaron  en  este crimen  contra la  nación.

Como  uno  de los investigados  es Donald Trump,   para pronto utilizó su poder, destituyendo a  James Comey, director  del  FBI este mayo, molesto por  la  forma  como  investigaba  el  “Rusiagate”.  En  su lugar designó a Robert  Mueller,  como  interino. Mueller es ahora Fiscal  Especial  para el  caso. Ha llevado  el  asunto al  grado  de  revisar legalmente la  casa   de quien fuera   jefe  de  campaña  de Donald Trump,  obligado a renunciar al saberse que trabajaba para gobierno  extranjero sin  registrarse. Dados los pagos a  Mueller  de parte   de gobierno cercano  a Rusia  y  de importante   ruso, el  Fiscal Mueller, acaba de presentar  más  de diez cargos contra él  y contra  su más   cercano  ayudante,  consiguiendo que  se  abra juicio,   sean  ambos  condenados a prisión  domiciliaria.

Al mismo tiempo, otro  ex asesor  de  la campaña  de Trump, el académico  George  Papadopoulos, se  confesó  culpable de  mentir  al  FBI  y  empezó a “cantar”  respecto  a los  contactos entre la gente  de  Putin y  la  de  Trump, donde él  participó.

Tres   cercanos  a Trump  están hasta ahora  en el “Rusiagate”: Paul  Manafort,  Ricky  Gates y  George  Papadopoulos.   Trump  tiene  todavía  el poder   para mover  al Fiscal  Robert  Mueller, e incluso para indultar a sus  tres excolaboradores, alargando el procedimiento. Por eso, este mismo martes, los legisladores  advirtieron  al  Presidente:  “El Presidente no  debe, bajo  ninguna circunstancia y  de  ninguna manera,  interferir con el  trabajo  del Fiscal… Si lo  hace,  el Congreso  deberá  responder en  forma rápida, inequívoca  y  bipartidista para  asegurar la  continuidad de  la investigación hasta  que  se  conozca la  verdad y toda la  verdad”.  Senador Chuck Schumer, líder demócrata  en   el   Senado.

Otro senador exigió  a Trump, a nombre  del Comité  de Inteligencia  que  no  fuera  a indultar  a  ninguno de los  tres  indiciados. “Los  miembros  del Congreso,  republicanos y  demócratas,  deben  dejar  claro   también  al  Presidente que aprobar  indultos para  cualquiera de  sus socios, o  para sí  mismo  sería inaceptable  y  resultaría en una  acción  inmediata,  de los  dos partidos, en el Congreso”.

Lo  que  si  podía  hacer Donald Trump,  está   bloqueado  por  el  Congreso. Tiene que suceder lo que no  quería: una investigación, dura, profesional  y   a fondo, sobre  tema que incluye  el  cargo  de “conspiración contra  Estados  Unidos”.

El  sistema político  de  Estados Unidos  se defiende  y  echa mano  de todos los  recursos legales y  políticos para  demostrar que nadie  está por  encima  de  la  ley.

Esto que sucede,  molesta  a los  seguidores de  Trump,  afectos al  extremo  a las  teoría   conspiratorias, pero  a las   tres cuartas   partes  de  estadounidenses  les reafirma  la  certidumbre   de que  ni  los peores   enfermos  de narcisismo  y poder, tienen  impunidad  en   ese  país.