Uber, Airbnb y la sociedad de acogida

El turista es un recolonizador, ya que con base en sus intereses, necesidades y requerimientos los lugares se transforman y se crean servicios y productos sólo con el fin de complacerlo.
– David Lagunas Arias.

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Por Alfredo César Dachary

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Hay dos temas que venían incidiendo en los destinos turísticos de los principales países desarrollados, que a su vez son los líderes en el turismo global: España, Francia, Italia y Países Bajos, los temas eran reincidentes: la gentrificación y sus efectos, generando la turismofobia. El territorio en todos los casos era similar, ciudades y los actores enfrentados, los mismos: la sociedad local y los turistas.

Desde la emergencia de la denominada economía colaborativa dos temas han sido centrales, el del transporte privado cuya empresa emblemática es Uber y el de la renta de los inmuebles cuya empresa bandera es Airbnb.

El tema ha cobrado mucha relevancia en la sociedad porque se enfrentan dos modelos: el tradicional que paga todos los impuestos y se ajusta a todas las leyes y el de la empresa de economía colaborativa, donde sería imposible cobrar todos los impuestos y requisitos porque son empresas de uno o dos propietarios salvo excepciones. Por ello, el gobierno ha decidido en ambos casos con posiciones similares, pero de diferentes dimensiones legales, en el caso de los taxis y Uber entre otros con una ley nacional, en el caso de los pisos de renta el gobierno de Palma, en Baleares, es el que genera una ordenanza, ahora se lucha por lograr una ley nacional.

En el caso específico de los taxis, el Gobierno tomó la decisión que el enfrentamiento entre taxistas, Uber y otras plataformas de taxis similares a Uber no llegue a los tribunales.

A partir de esa opción política, el Consejo de Ministros aprobó en abril un decreto ley que consagra el límite para que como máximo pueda haber una licencia de vehículo de alquiler con conductor (VTC) por cada 30 de taxi. Este tope ya figura en el Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) pero el Ministerio de Fomento se ha visto en la necesidad de elevarlo a rango de ley para proteger a los taxistas ante un hipotético fallo desfavorable del Tribunal Supremo que está juzgando el caso.

Plataformas como Uber, Cabify o la patronal de VTC (Unauto) que se sumaron a la denuncia de la CNMC creen que se trata de una triquiñuela legal del Gobierno para blindar los intereses del sector del taxi, aunque solo Uber se opone radicalmente a la legislación mientras que el resto de asociados de Unauto se ha manifestado a favor de una salida negociada aceptando la normativa vigente.

El Ministerio de Fomento cumple así su compromiso con el sector del taxi de protegerle frente a la avalancha de licencias de VTC que se han concedido en los últimos años gracias a un vacío legal, y que han supuesto una seria amenaza a su negocio.

Este es un fallo histórico, aunque fuera de tiempo, ya que la economía colaborativa sigue creciendo y el mercado adopta nuevas formas, el taxi es una institución que viene desde el comienzo de la revolución industrial, hoy la competencia no admite proteccionismo, por lo que es un remedio parcial dentro del proceso general de reformulación del empleo.

El otro problema, los pisos turísticos ya tiene también una ley de la Autonomía Balear que resuelve inicialmente el problema, pero también tendrá sus enemigos dado que hay un importante sector en la informalidad que vive de este recurso que puede ser propio o lo opera como rentadora.

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SIN CALIDAD DE VIDA

Así se ha logrado que Palma de Mallorca sea la primera ciudad en España donde se ha prohibido la renta de las viviendas turísticas en pisos, respondiendo a un grave problema de gentrificación y pérdida de la calidad de vida de los barrios afectados. La capital balear solo autorizará el alquiler a turistas en viviendas unifamiliares a partir de julio.

Así la capital balear ha adoptado una medida pionera en todo el estado por la que prohibirá definitivamente los pisos turísticos en toda la ciudad y ésta se ha consensado después de encargar varios estudios y análisis que han revelado que la oferta de pisos turísticos no reglados aumentó un 50% entre 2015 y 2017 hasta alcanzar las 20,000 plazas comercializadas en la ciudad. En Palma solo 645 de las viviendas ofertadas cuentan con licencia.

La reforma de la Ley General Turística aprobada por el Parlamento autonómico ya prohibió el alquiler vacacional en pisos, pero dejaba en manos del propio Ayuntamiento de Palma la posibilidad de delimitar los barrios y zonas en los que los autorizaría. Finalmente, el equipo de gobierno ha decidido considerar la ciudad como zona única y mantener la restricción de esta práctica en pisos y apartamentos de todo el territorio “para proteger al residente” en palabras del alcalde Antoni Noguera.

El estudio sobre el impacto de esta actividad en la ciudad ha revelado que el 48% de los pisos de alquiler turístico se ofrece en períodos de entre siete y ocho meses, lo que veta posibilidades a la entrada de alquiler residencial de larga temporada en el mercado, y existe un paralelismo entre la evolución del fenómeno de los alquileres vacacionales y el aumento de los precios del alquiler residencial.

Entre las fundamentaciones a esta medida está la que expuso el Alcalde de Urbanismo, José Hila, que defiende la medida por hechos tan importantes como la subida de un 40% de los alquileres en la ciudad en los últimos años que ha convertido a Palma en la segunda urbe por detrás de Barcelona en la que más dinero invierten los residentes para el pago de la renta. Las estancias turísticas afectan a la configuración y la convivencia social en los edificios y los barrios y su penetración ya ha afectado al acceso a la vivienda.

Un informe encargado por el Consistorio a la Defensora de la Ciudadanía también ha constatado el deterioro de la convivencia en los barrios debido al ruido producido por los pisos turísticos, mientras que las denuncias presentadas ante la Consejería de Turismo por problemas con los inquilinos han pasado de 42 en el año 2014 a las 192 registradas el año pasado.

No solo la sociedad y específicamente determinados barrios se incomodaron por los turistas y el abuso del espacio público, también se ha dado esto junto al proceso de Cataluña. Las acciones del colectivo independentista Arran contra el turismo no se limitan a Barcelona, donde han arremetido contra un autobús y bicicletas de uso turístico, sino que el colectivo amplía sus objetivos en el territorio lingüístico catalán (lo que denominan Països Catalans), también ha protagonizado actos similares en Palma y protestas en Valencia.

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VANDALISMO TURÍSTICO

Esta ola de acciones, que se suceden desde hace algunos meses, al menos siete hoteles de Barcelona han sufrido ataques vandálicos por parte de grupos de izquierda anticapitalista que denuncian sobreexplotación turística, genera un frente diferente al de la calidad de vida.

Miembros de Arran Països Catalans irrumpió el 22 de julio del año pasado en un restaurante del Moll Vell, el muelle situado frente a la catedral de Palma, prendiendo bengalas, lanzando confeti a los comensales y subiendo a los yates amarrados para protestar contra el turismo masivo en Mallorca.

El colectivo ha difundido ahora las imágenes de la protesta a través de las redes sociales, en un video en que el que se puede ver a varios de sus miembros portando pancartas bajo lemas como El turismo mata a Mallorca y Aquí se está librando la lucha de clases, escritas en inglés.

Ambos hechos se han dado en España, una de las principales naciones pioneras y con un alto desarrollo social y en el turismo, ya que éste lleva más de medio siglo creciendo y generando un gran aporte al empleo y la economía española.

Pero que pese a todo no podemos limitar la mirada a un conflicto interno, lo menos que podemos hacer es entender porque Ámsterdam, París, Madrid, Venecia, Roma y muchas más capitales globales y ciudades testimonios con sociedades más desarrolladas son el escenario de estos conflictos, y no lo son las grandes capitales turísticas del Caribe o México, por hablar de las más importantes en arribos.

Creo que se ha llegado a un límite que nunca existió entre lo social y lo privado, algo que el turismo no ha tomado en cuenta, siguiendo los principios que todo lo regula el mercado menos la pérdida de la identidad, la cultura, la lengua, la calidad de vida, todos temas que no pasan por Davos y otras capitales económicas que solo conocen de competitividad, flexibilidad y libre comercio.

Aquí emerge un gran reto para el turismo, no todo el territorio es usable impunemente en cualquier actividad, hace falta regular el territorio, los desarrollos, tomando como referente una sostenibilidad real, o sea, social, económica, cultural y natural, otro tema muy hablado, pero no asumido. Aquí está el centro del problema, un sistema que no tiene límites y actores que creen que ellos se darán por una lógica natural.

Así al turismo hoy se le plantea una disyuntiva, seguirse expandiendo en la periferia sin leyes claras, con corrupción y sin escuchar a la sociedad y lo que ésta necesita o seguirse expandiendo en los países centrales y enfrentar esto que no es menor. En México tenemos la experiencia de Acapulco, en Brasil la de Río y en Jamaica la de su capital, en todos los choques entre la pobreza, el turismo y sus impactos generó grandes problemas que podrán ser comunes en otras ciudades o destinos, un reto importante para el Estado y los desarrolladores.