Roberto Sandoval y el Gran Jurado

Por Luis Alberto Alcaraz

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NOMÁS TANTITO. El evidente interés que ha mostrado la actual administración estatal por enjuiciar al ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda alcanzó su clímax la semana pasada cuando el Congreso del Estado a través de la comisión especial de Gran Jurado presentó un dictamen en el cual se acusa al ex mandatario de incurrir en graves violaciones a la Constitución del Estado de Nayarit, como el manejo irregular del programa social PROSA y el otorgamiento de un fiat notarial a una persona que estaba encargada de la fiscalización de las cuentas del gobierno anterior, lo cual presuntamente contraviene la norma. Por lo anterior los miembros del Gran Jurado proponen una sanción de inhabilitación por 12 años, 10 meses y 15 días para ocupar cargos en la administración pública. Más allá de lo espectacularmente mediático que suena lo anterior, de entrada surgen dos pequeñitos inconvenientes, el primero de ellos es que apenas se trata de un dictamen que deberá ser presentado y aprobado por mayoría calificada en el pleno de la cámara de diputados, algo que a simple vista parece que no tendrá mayor problema debido a que el PRI es minoría, y además dentro del PRI no hay muchos dispuestos a defender a Roberto Sandoval. El segundo inconveniente es más importante: castigar con una inhabilitación de casi trece años a un exgobernador es algo sin importancia debido a que por la naturaleza de sus cargos son los mismos ex gobernadores quienes se retiran del servicio público una vez que han dado el golpe de su vida, como si fueran vulgares ladrones.

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CÁRCEL, NO INHABILITACIÓN. Que Roberto Sandoval ande libremente en la calle mientras que su ex fiscal, Edgar Veytia, se encuentra en una cárcel de Nueva York sujeto a proceso penal por narcotráfico parece un contrasentido. Hay que ser muy ingenuos para creer que Edgar Veytia, cualquier cosa que fuere a lo que se dedicara como fiscal del estado, era totalmente autónomo del señor gobernador. A menos que el propio Sandoval fuera una víctima del propio fiscal, no se entiende la impunidad con la que Veytia se manejó durante la pasada administración, lo cual es evidencia contundente de complicidad. Por ello resulta ridículo que al final el castigo ejemplar para Roberto Sandoval termine siendo una inhabilitación de casi trece años, principalmente porque aunque no haya inhabilitación de por medio difícilmente volveremos a verlo como funcionario público debido al enorme desprestigio que arrastra tras el término de su administración. Si un político tan carismático y bien relacionado como Ney González Sánchez no ha podido resurgir 7 años después de haber dejado la gubernatura, es fácil entender que Roberto Sandoval esté condenado al ostracismo absoluto por culpa de su desastrosa forma de gobernar. Y es que seguramente Sandoval ya sabe muy bien que en la política los amigos son de mentira y los enemigos de verdad, así que de los únicos que puede esperar lealtad ahora que sólo tiene dinero es de sus perros y sus caballos.

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CADA QUIEN POR SU LADO. Está claro que el gobernador Antonio Echavarría García y el Congreso del Estado no operan de la mano, ya que cada instancia tiene sus propios tiempos, sin embargo lo que la ciudadanía espera realmente es un castigo penal, no político. A los diputados les interesa inhabilitar políticamente a Roberto Sandoval, aunque en términos prácticos sea un político completamente liquidado por más que se le señale de estar impulsando la creación de un partido nuevo en Nayarit y de haber metido las manos en las candidaturas de Morena en el pasado proceso electoral. Difícilmente el ex gobernador podrá reciclarse y ocupar de nueva cuenta un buen cargo público, así que lo que verdaderamente le interesa es superar las acusaciones penales que pesan en su contra para poder seguir su vida con normalidad, disfrutando al máximo el modesto capital económico que amasó durante los doce años en los que se mantuvo en los cuernos de la luna manejando a su antojo grandes presupuestos públicos. La vinculación a proceso que se le acaba de dictar a Hilario Ramírez “Layín” es un claro indicio de que esta administración está decidida a ir hasta las últimas consecuencias en contra de quienes en el pasado abusaron de sus cargos públicos, así que hace bien Roberto Sandoval en no estar tranquilo mientras no culminen los procesos en su contra.

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LAS BUENAS NOTICIAS. La mala noticia para la ciudadanía es que a partir del próximo 1 de diciembre tendremos un gobierno federal que no tendrá como prioridad proceder penalmente en contra de los exfuncionarios del pasado. El compromiso de Andrés Manuel López Obrador de impulsar una gran amnistía que permita la unificación y pacificación del país beneficiará también a nuestros políticos, como ya lo vimos con Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia, ambos insignias de la corrupción que caracterizó al viejo PRI y ahora puntales de la Cuarta Transformación. Así que la única esperanza que tienen los nayaritas de ver a Roberto Sandoval pagando por sus excesos radica en el gobierno de Antonio Echevarría, quien tiene suficientes elementos para proceder penalmente en su contra, como ya lo ha venido haciendo con aceptables resultados. Pero no se trata solamente de que le incauten sus ranchos o le cancelen sus beneficios, lo que la gente quiere es verlo por lo menos sometido a un proceso penal, como ya estamos viendo a Layín, quien humildemente tiene que rendir cuentas ante la justicia y aportar elementos que busquen demostrar su inocencia. Se aplaude el valor de los diputados al anunciar la inminente inhabilitación de Roberto Sandoval, pero en el fondo queda claro que todo se trata de un espectáculo mediático, porque de quererlo seguramente el Órgano de Fiscalización Superior encontraría argumentos suficientes para someterlo a proceso penal.

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POSDATA. En Bahía de Banderas parece imperar la Ley de la Selva en material ambiental ante la feroz batalla que libran los ambientalistas contra particulares que se empeñan en privatizar la playa conocida como La Lancha, cerrando el único acceso que existe en la actualidad. Como es bien sabido, todas las playas de México son públicas, por lo tanto el gobierno federal lo único que debe garantizar es el libre acceso a esa playa aplicando la obligatoriedad de las llamadas ventanas al mar, ventanas que han sido violentadas en su gran mayoría por inversionistas voraces que efectivamente sueñan con playas privatizadas para beneficio exclusivo de sus clientes. El gobernador Antonio Echevarría se anotaría un gran tanto si personalmente se hiciera cargo de este asunto, después de todo Punta de Mita también es Nayarit.

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VOX POPULI. A unas cuantas semanas de que venza el plazo dado por la propia SCT para inaugurar el tramo Las Varas-Compostela de la autopista Guadalajara-Puerto Vallarta el tramo conocido como Mesillas de la actual carretera sigue siendo un auténtico infierno para los automovilistas de la región. Tristemente esa vieja carretera es escenario constante de todo tipo de accidentes, por lo que se espera con ansias la apertura del nuevo tramo que dará fluidez a la zona y ayudará a salvar muchas vidas humanas.