La responsabilidad de Roberto López Lara

Por Gabriel Ibarra Bourjac

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¡Qué necesidad de golpear la imagen de Jalisco!

La realidad supera a la ficción. Es lo que estamos presenciando en vivo y a todo color con el famoso camión de la muerte que se pasea por tres municipios de la Metrópoli, donde está la bella Guadalajara, la orgullosa Perla de Occidente, la ciudad con más sabor mexicano, y ahora por la estulticia de burócratas miopes, a nivel internacional, la presentan como el lugar donde suceden historias macabras.

¡Pero qué necesidad de llegar a esto! Podemos entender que los grupos criminales se disputan el control de Jalisco y del occidente del país, como lo hemos advertido, con un saldo de 2011 a la fecha de cerca de 9 mil vidas perdidas (en este 2018 van 1,500 y pueden llegar a 2,000 que sería el año más sangriento en la historia moderna de la entidad).

El tema que ha llevado a que Guadalajara aparezca en las primeras planas y espacios informativos de los medios más influyentes del mundo es el tristemente célebre camión de la muerte que exhibe a un gobierno que no sabe qué hacer con las víctimas, después de que no tuvo la capacidad de protegerlas, como es la razón de ser del Estado de ofrecer seguridad a sus ciudadanos, contra aquellos que pretenden imponer la ley de la selva, cuyo espíritu lo plasma el Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau.

Si a Luis Octavio Cotero le hubieran hecho caso hace dos años, este espectáculo bochornoso no se hubiera registrado. Los problemas todo mundo tenemos, los enfrentamos las personas, las familias los conflictos entre padres e hijos, los gobiernos de todo nivel, es lo más natural, lo que no se acepta ni se entiende es postergar sus soluciones, cuando es así, el problema sale de control y hace crisis. Y en razones de gobierno, el impacto y el daño es mayor, porque puede afectar a millones de personas.

Fue lo que sucedió con este problema de los muertos no identificados que superaron la capacidad de almacenamiento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). El problema lo gritó muchas veces el maestro Luis Octavio Cotero, como jefe de este organismo forense, pedía recursos, mayor presupuesto, lo cual ignoraron sus jefes superiores, como el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, enfrascado en resolver los problemas del día a día, dejando de lado otros problemas que allí estaban, que crecían, pero como existía animadversión contra Cotero, a quien lo consideraban un latoso y al que se distinguía por su autonomía y estricto respeto a la ley, lo ignoraban, no lo recibían, difícilmente le contestaban el teléfono, para ver si así lo reventaban y se quitaban esa piedrita incómoda en el zapato.

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DECISIÓN EQUIVOCADA DEL GOBERNADOR

El tema de las víctimas derivadas de la violencia que han desatado grupos criminales, el error del secretario general de Gobierno, Roberto López Lara –y lo subrayó- fue ignorar o restarle importancia a lo que sucedía en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con una visión muy reducida de lo que es el gobierno, y que como brazo derecho del titular del Poder Ejecutivo debe tener una visión de 360 grados, precisamente para enfrentar todo tipo de problemas, unos desactivarlos para que no exploten, adelantándose y buscando la solución.

El gobernador, Aristóteles Sandoval, al dar a conocer el cese del Fiscal General, Raúl Sánchez Jiménez, para investigar este grave problema y deslindar responsabilidades, declaró que ignoraba lo que estaba sucediendo con los cadáveres no reclamados que se apilaban en el IJCF, en tanto Luis Octavio Cotero, dijo que no tenía acceso al titular del Ejecutivo.

Sin embargo, el IJCF tiene una Junta de Gobierno que es la máxima autoridad que debía sesionar cada tres meses y el Presidente de la misma es el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara. ¿También López Lara ignoraba la crisis que se vivía en el seno de este organismo, por falta de recursos y  tantos cadáveres que llegaban?

Lo cierto es que el secretario de Gobierno, pese a ser el presidente de la Junta de Gobierno, nunca acudió a las reuniones, mandaba a un representante, reuniones donde se documentaba las necesidades que se vivían, mostrando así el desinterés por el mismo, incluso hace algunos meses el IJCF recibió donativos del Gobierno de Estados Unidos que a través de su embajada, ayudó a la capacitación de los peritos y donó equipos que en conjunto representaron 2 millones de dólares, el evento se realizó en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, sólo estuvo el director del IJCF, Luis Octavio Cotero, López Lara no lo quiso acompañar, sin importarle la trascendencia del suceso.

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LA RESPONSABILIDAD DE LÓPEZ LARA

Si bien es cierto, la responsabilidad de la custodia de los cuerpos es de la Fiscalía, aceptando que el IJCF es resguardo en tanto les practica las necropsias a los cadáveres, su destino final donde deben estar lo asume la Fiscalía y que fue la que contrató los trailers con caja de refrigeración, pero hay una autoridad superior que debió de resolver el problema para que no hiciera crisis, toda vez que a diferencia de otros tiempos, porque así lo establece la Ley de Víctimas, estos restos no se pueden incinerar, los tienen que preservar. Entonces, ¿por qué no se construyó entre el 2014 y el 2018 un panteón forense con capacidad no para 200 criptas, como el que hizo en Tonalá el alcalde Sergio Chávez, que inmediatamente se saturó, sino para mil o dos mil cuerpos?

La interrogante aquí queda, pero por lo que estamos viendo, de parte del Secretario General hay responsabilidad, porque como Presidente de la Junta de Gobierno del IJCF, debió tener la información de lo que pasaba y actuar en consecuencia. No lo hizo y el daño ya está hecho.

¿Entonces, López Lara no sabía lo que sucedía en el IJCF o peor tantito, le ocultó al Gobernador lo que allá pasaba? Estas interrogantes deberán ser respondidas y en el pecado se puede llevar la penitencia.