Puerto Vallarta, un gobierno fallido

Por Luis Alberto Alcaraz

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LLUVIA DE MALANDRINES. La aparición de 10 presuntos ladrones atados desnudos a postes del alumbrado público y la aprobación del cambio de uso de suelo en el fraccionamiento Marina Vallarta son un claro indicio de que Puerto Vallarta tiene un gobierno fallido, incapaz de responder a los reclamos de la ciudadanía y solamente dedicado a la defensa de sus intereses. Podría decirse que por suerte esta administración está a punto de terminar y a partir del lunes tendremos un nuevo gobierno que pudiera ser mejor, pero la realidad es que lo que ocurre en estos días obligadamente está autorizado por Arturo Dávalos, quien en su papel de alcalde electo y alcalde con licencia nunca ha dejado de ser el gran jefe del grupo que comanda la presidencia municipal. En el caso de los 10 tableados que han aparecido en las últimas 48 horas es evidente que estamos ante una decisión de los grupos criminales que controlan la plaza de hacer lo que el gobierno constitucional abiertamente no ha podido: acabar con las lacras que mantienen asolada a la sociedad vallartense mediante una ola de robos a casa habitación. Ante la incapacidad de la fuerza pública comandada por Misael López para mantener a raya a los ladrones vallartenses un grupo criminal entra al quite con resultados evidentemente mucho más eficaces, porque las lacras afectadas saben muy bien que esta primera paliza es de advertencia, lo que sigue, en caso de no hacer caso, será obligadamente el levantón con su consabida desaparición.

NO PODÍAN FALLARNOS. Como ya es una bonita tradición al término de cada Ayuntamiento, nuestros flamantes regidores nos salieron con su batea de babas aprobando al vapor el cambio de uso de suelo de zonas como la que incluye al fraccionamiento Marina Vallarta, gracias a lo cual muchos predios que hoy tienen vocación de casa habitación podrán ser cambiados a uso comercial o mixto. Esto implica que quien tenga su casa en un terreno de mil metros en Marina Vallarta podrá solicitar el cambio de uso de suelo para demoler su vivienda y edificar una torre de apartamentos de por lo menos 8 pisos, como ya está ocurriendo en por lo menos tres casos. Esto implica literalmente abrir las puertas del infierno, porque la voracidad empresarial no tiene límites y está obsesionada en conseguir la mayor ganancia posible en el menor tiempo. De esa forma, un fraccionamiento que está perfectamente diseñado para la convivencia armónica entre grandes hoteles y casas habitación será condenado al caos mediante un inminente boom inmobiliario. Los primeros en beneficiarse con esta irresponsable decisión de nuestros regidores son los propietarios del campo de golf, quienes gracias a la nueva ley tendrán derecho a cambiar el uso de suelo, reduciendo la superficie del campo de juego para edificar torres de condominios con todo lo problemático que esto implica en un desarrollo diseñado como de bajo impacto, con tan solo dos calles de acceso y con graves problemas de inundaciones cuando se presentan lluvias atípicas, que por desgracia cada vez son más típicas.

¡QUÉ HERMOSO SERÍA! La grosera impunidad con la que nuestros regidores han devastado el patrimonio de todos los vallartenses es ofensiva y agraviante. Sin importarles las consecuencias lo mismo han vendido parques que edificios públicos, utilizando todo tipo de pretextos legales para disfrazar millonarios negocios realizados por ellos mismos. A finales de la pasada administración nuestros regidores enajenaron 18 predios con el pretexto de pagar una deuda que inicialmente fue de 20 millones y terminó siendo de 120 millones de pesos, aunque para liquidarla dieron en dación de pago 18 inmuebles públicos con un valor comercial de por lo menos 220 millones de pesos. De ese tamaño fue el atentado contra el patrimonio de todos los vallartenses, sin que nadie, pero absolutamente nadie, pague por esos atropellos, salvo el pueblo vallartense que cada vez se queda con menos áreas públicas para esparcimiento y equipamiento urbano. Tres años después, también bajo el sello de un gobierno emecista, los actuales regidores hicieron lo mismo el concesionar por 45 años el edificio donde por años funcionó la Dirección de Servicios Médicos Municipales, y ya para despedirse, el pasado miércoles aprobaron la modificación del Plan de Desarrollo Urbano para que pueda cambiarse el uso de suelo en el fraccionamiento Marina Vallarta. Vale la pena mencionar que la única que votó en contra fue la regidora Bellani Fong, la misma que se negó darle la mitad de su sueldo a su hermano Gustavo porque éste consiguió meterla en la planilla de Arturo Dávalos. Ante estas cobardes acciones de nuestros regidores no nos resta sino imaginar lo hermoso que sería que La Maña también decidiera castigar a los políticos corruptos. Sería francamente delicioso ver a uno de estos regidores amarrado desnudo a un poste con la letra R rapada en su cabeza, como escarmiento a los futuros regidores que asumirán el cargo sólo pensando en su beneficio personal.

SI NO PUEDEN, ¡RENUNCIEN! La famosa frase del empresario Alejandro Martí sigue vigente, siendo un reclamo estéril de toda la sociedad vallartense que espera que los funcionarios municipales acepten su incompetencia y muestren un poquito de vergüenza presentando sus renuncias. Por desgracia en el gobierno municipal nadie está obligado a dar resultados, simple y sencillamente porque sus chambas no las consiguieron en base a talento y capacidad, sino mediante el amiguismo y el influyentismo. Con el pretexto de que el nuevo sistema penal está diseñado para que nadie vaya a la cárcel, nuestros policías municipales de plano se declaran incompetentes. “Para que pierdo el tiempo arrestando a un malandrín si al ponerlo a disposición del juez lo va a dejar en libertad por falta de pruebas”, señalan abiertamente los genízaros, quienes olvidan un pequeño detalle: su trabajo no es atrapar malandrines y llevarlos ante el juez, su trabajo realmente consiste en que ningún malandrín robe una casa o cometa un asalto. Es evidente que nuestros policías han olvidado su condición de preventivos y se han dedicado a tratar de castigar presuntos culpables, descubriendo que ya no es tan fácil implicarlos como antaño, cuando sembrar droga y obtener confesiones mediante tortura eran una constante. Ante el ostentoso fracaso de Arturo Dávalos Peña y Rodolfo Domínguez Monroy en su obligación de garantizar nuestra seguridad pública, un grupo criminal entra al quite a realizar el trabajo sucio, haciendo justicia por mano propia en contra de estas lacras que han perdido todo respeto a la sociedad que generosamente los ha cobijado.

POSDATA. Lo más interesante de todo es el beneplácito de la ciudadanía ante la irrupción de lo que han dado en llamar “un justiciero”, aunque evidentemente estamos ante la acción concertada de un amplio grupo de sujetos que a plena luz del día “levanta” a los presuntos malandrines, los tortura y los exhibe públicamente como escarmiento por sus conductas delictivas. El Chapo, El Juanchis, El Chaparro, El Quijadas, El Jorjais, El Martirs y El Tapicero finalmente fueron alcanzados por el largo brazo de la ley, aunque vergonzosamente para el gobierno constitucional es un grupo criminal el que está haciendo justicia.

VOX POPULI. Tras aprobar el cambio de uso de suelos en Marina Vallarta el todavía alcalde, Rodolfo Domínguez Monroy, pide a la ciudadanía que “confíe en nosotros, no escondemos nada, hay absoluta transparencia”. Enseguida señaló que su departamento Jurídico todavía está analizando si presentará denuncias penales en contra de los ciudadanos que en ejercicio de su derecho a manifestarse libremente bloquearon parcialmente la avenida de Ingreso la semana pasada. Cuánta generosidad cuando se trata de justificar los excesos propios y cuántas ganas de castigar a los ciudadanos que se atreven a protestar con los atropellos del Ayuntamiento.