Riesgos, con más influencia de las Fuerzas Armadas

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.

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  • El presidente de la CNDH, Luis Raúl González, criticó que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios.

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Notimex
México

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El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, alertó sobre el riesgo que representa para la democracia expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas, no sólo al ámbito de la seguridad pública, sino al económico.

Al participar en las audiencias de parlamento abierto para debatir la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, criticó que se conceda a las Fuerzas Armadas, al margen de cualquier consideración o fundamento legal, asumir tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, así como explotar y beneficiarse de las actividades aeroportuarias del país.

“Es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que, en la práctica, nuestras Fuerzas Armadas dejen de tener incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales a favor de la autoridad civil”, sostuvo el ombudsman nacional.

Apenas el domingo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obradoranunció que el nuevo aeropuerto civil en Santa Lucía será administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional y que la renta, los beneficios, serán transferidos al Ejército, para fortalecer sus finanzas.

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ESTANCIAS INFANTILES

Por otra parte la CNDH consideró que el recorte presupuestal al ‘Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos’ podría restringir diversos derechos de los infantes, como el derecho a la educación y estimulación temprana y a vivir en condiciones de bienestar.

Agregó que el recorte presupuestal anunciado por más de dos mil millones de pesos puede propiciar que las madres y padres afectados busquen otras opciones para el cuidado de sus hijas e hijos durante su jornada laboral, derivando en un gasto familiar imprevisto que impacte en sus medios de subsistencia.

Además, el organismo dijo que ante la falta de redes de apoyo familiar, es probable que las madres y padres trabajadores se vean forzados a dejar a sus hijas e hijos al cuidado de personas sin preparación para el desempeño de labores de cuidado, lo cual constituye un riesgo para su integridad y seguridad.

Por lo anterior, el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, dirigió un documento a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; al secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Manuel Urzúa Macías, y a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, para exhortarlos a observar los mandatos constitucionales y convenios para garantizar la protección de los derechos de los infantes.

En este sentido, recordó que México forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Recomendación General número 19 del Comité de los Derechos del Niño sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de la protección y garantía de sus derechos y salvaguarda de su interés superior.

En ese marco demandó impulsar la asignación de recursos presupuestales necesarios para la operación del programa de estancias infantiles conforme a la demanda social, privilegiando los derechos de la niñez y la perspectiva de género; analizar el impacto de las medidas adoptadas en las condiciones de vida de niñas y niños.

También, pidió establecer los mecanismos administrativos e institucionales para el adecuado control, fiscalización y auditoría de los recursos que se transfieren a los proveedores públicos y privados de cuidado y atención integral infantil, para garantizar su aplicación al objetivo destinado, evitando afectaciones a los derechos de las personas menores de edad.

La CNDH consideró que el recorte puede representar una medida que ahonde las brechas de desigualdad de género en el país, pues las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de niñas y niños, en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo, y a la independencia económica.

Además, dijo, en 2020 el Estado mexicano deberá rendir ante el Comité de los Derechos del Niño, su sexto informe periódico sobre el cumplimiento de la Convención, donde el recorte al programa podría derivar en un señalamiento por parte de ese organismo internacional.

El hecho de que se aleguen presuntos actos de corrupción, así como irregularidades o problemas administrativos no puede eximir a las autoridades de cumplir con sus obligaciones, ni justifica el que se deje de lado el respeto de los derechos humanos, señaló.