El Poder Judicial: ¿Ángel de la guarda del capitalismo?

Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa.
Montesquieu.

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Por Alfredo César Dachary

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En el siglo XXI se ha erigido, como una nueva alternativa para alterar el orden democrático en un país, lo que se ha dado en llamar los golpes judiciales, o sea, el uso abusivo del aparato judicial para desplazar a presidentes, encarcelar opositores y dictar nuevas leyes, todo acorde con el fin último del movimiento político- judicial.

Esto que hoy nos llama la atención no es un tema novedoso, ya que el sistema político dominante tiene como contracara al mercado a las leyes que sustentan al mismo y justifican los excesos y alteración que normalmente se dan fruto de la laxitud de las leyes y “flexibilidad moral” de los miembros del sistema judicial, generalmente en relación directa con uno de los poderes.

Como un ejemplo a tomar como referente tenemos que el Gobierno de emergencia y reconstrucción nacional de Perú encabezado por Alberto Fujimori, en abril de 1992 realizó el desmantelamiento del Poder Judicial peruano con la destitución de los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, 13 vocales de la Corte Suprema, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y la suspensión por 10 días del funcionamiento de los tribunales.

En México esta maniobra política antidemocrática se realizó en 1994, cuando el presidente Zedillo ejecutó un golpe al Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) para desmantelar a sus miembros y remplazarlos por elegidos por él, además de reformar las leyes de este máximo instituto del Poder Judicial.

Esta artera maniobra fue denunciada, entre otros, por Raymundo Riva Palacios en el periódico Reforma el 12 de diciembre de 1994, al definir a esta jugada como un golpe técnico de Estado, por un presidente acosado por el anterior mandatario, Carlos Salinas de Gortari.

Coincidentemente, hace menos de seis meses que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció la creación de una comisión que trabajará en una reforma integral del Poder Judicial, luego del escándalo de corrupción revelado por unos audios telefónicos que involucran a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y jueces de alto rango. Nuevamente emerge el modelo de un Poder Judicial operado desde el Ejecutivo, una forma de democracia acotada.

El “golpe blando” es una definición que se le atribuye al politólogo y ex agente de la CIA, Gene Sharp, y que cada vez junto al modelo judicial toman mayor fuerza, ante un repliegue de los militares, cuyas últimas acciones del siglo XX han dejado una gran mancha de sangre inocente, especialmente en Latinoamérica.

En esta década, en América del Sur se han dado varios casos de estos “golpes blandos” por ser inviables los otros, ya que estos países tienen una negra historia de los golpes militares.

La destitución de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff en el 2016 fue considerado el primer paso de un golpe mayor que terminaría con el encarcelamiento del ex presidente Lula Da Silva.  Esto se vio enfatizado por el hecho de que una investigación descubrió que los miembros de la oposición habían participado en un escándalo de corrupción de grandes proporciones, lo cual aceleró la acción de los jueces integrados a la conspiración encabezado por el juez Moro, para acelerar los procesos inicialmente contra Dilma y luego Lula Da Silva.

La presidenta Rousseff fue destituida por lo que casi todos los analistas y expertos describieron como acusaciones menores: tomar dinero prestado de un banco propiedad del gobierno para ocultar un déficit presupuestal, lo cual es ilegal, pero no un delito penal.

Para Amy Erica Smith, profesora adjunta de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Iowa, quien se especializa en Brasil, dijo que los delitos: “No están a la altura del tipo de acusaciones que merecerían la destitución”, y añadió: “No es un uso legítimo del proceso de destitución”.

Es por ello que Rousseff y sus aliados argumentaron que los políticos que ejercían presión a favor de su salida del poder no estaban tratando de proteger la integridad de la democracia brasileña, sino más bien, manipularla para ponerla al servicio de sus propios intereses. Llamar golpe de Estado a la destitución se convirtió en una forma de poner en entredicho los motivos de los líderes de la oposición y sostener que la destitución de Rousseff iba en sentido contrario de las reglas de la democracia.

En Brasil, actualmente hay suficiente corrupción y apenas Estado de derecho suficiente para que las élites políticas enfrenten lo uno contra lo otro, ya que la corrupción está tan enraizada en la política brasileña que muy probablemente se extienda a toda la clase gobernante.

Si todo el mundo es corrupto, todo el mundo es vulnerable, lo cual resulta de utilidad para políticos específicos, ya que debilita el sistema político al introducir la inestabilidad, y si a eso le sumamos que la economía de Brasil pasa por un mal momento, la ciudadanía está enojada con el gobierno y quiere ver que los corruptos sean castigados.

El más oscuro ejemplo de ello es el encarcelamiento de Lula Da Silva en Brasil, el cual fue acusado por supuestos delitos sin comprobar, una característica que hoy se ha instalado en Argentina, y que permite prisión por delitos menores, aunque no haya aún condena.

En Argentina, la persecución mediático-judicial sobre la actual Senadora y ex Presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a través de cuentos fantásticos, como que ellos tienen contenedores de dinero enterrado, y así se inicia la búsqueda de algo inexistente pero la TV y otros medios acompañan y hacen un gran ritual de sacrificio. Pero el mayor escándalo de esta etapa es el denominado “las fotocopias”, una denuncia basada en fotocopias cuyos originales no existen y, por ende, en ningún país son prueba de nada, allí con muchos detenidos y otros procesados.

En Argentina como en Brasil, el fin es sacar a los rivales de la jugada política a través de falsas acusaciones que, aunque no se prueben llegan a condena, lo cual habla de una corrupción sin límites entre los jueces, especialmente un área conocida, ubicada en avenida Comodoro Pi.

Para comprobar este modus operandi solo basta con revisar las portadas de los medios hegemónicos, ejemplos gráficos del ataque permanente que han sufrido diversos líderes del progresismo en la región, a través de las operaciones mediáticas en las que gobiernos de corte popular fueron acusados de toda clase de crímenes, han sido una constante.

Las posteriores desmentidas de dichos hechos no han surtido efecto, debido a que la “verdad” que se pretendió instalar, ya se había enquistado en grandes sectores de la sociedad, siendo solo rebatida por el pésimo desempeño que se ha dado en la política interior que logró incrementar masivamente la pobreza en el país, algo que en Brasil se está reviviendo.

Este modelo de intriga-mentiras y degradación tiene su antecedente en la Alemania nazi, y fue precisamente el Ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, quien acuñó por primera vez: “miente, miente, que algo quedará y cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá”.

Pese a sus éxitos, a la derecha de América Latina no le es suficiente la práctica del golpe blando, ya que en algunos casos no le ha dado el resultado esperado. De modo que ahora ha decidido implementar lo que se ha dado en llamar “lawfare”, cuya traducción es “Guerra Jurídica”, jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación de los grupos mediáticos del poder y condena decidida de antemano.

El término “lawfare” comenzó a sonar fuerte en estos últimos días y se ha sumado al debate político en países como Ecuador, Brasil y Argentina: reorganización del aparato judicial, acusaciones mediáticas de mucho impacto y, por supuesto, una prensa que toma partido activo en la causa.

A estas situaciones se le suman nuevas “prácticas” como el denominado gatillo fácil, que permite a la policía disparar sus armas de fuego ante cualquier persona que se resista o huya, algo que ya ha dejado varios muertos y mínimas explicaciones.

La injerencia parcializada de la justicia en los asuntos políticos supone la anulación del Estado de Derecho, debido precisamente a su consciente politización. La Guerra Judicial hace tambalear la democracia y le abre las puertas a un totalitarismo cuyos efectos ya se materializan en Sudamérica.

En México estamos frente a una situación difícil, las leyes son extremadamente laxas con los verdaderos delincuentes de “cuello blanco”; a un ladrón común lo encarcelan, la corrupción con dinero público, generalmente no es un delito grave se puede seguir en libertad.

Los golpes judiciales no son una novedad ya que el aparato judicial representa al sector más conservador de la sociedad y, por ende, es un verdadero “guardián” de la “tradiciones y buenas costumbres”, aunque éstas están mejor cuidadas en el museo de la cotidianidad, a donde han ido a parar en medio de la profunda transformación del sujeto y la sociedad.