+ Sumando esfuerzos ante la polarización política

columnaopinionfernandocastro1 - Derechos y libertades construyen ciudadanía

La democracia mexicana como un proceso de alternancia política y competencia partidista tiene poco tiempo de haber iniciado. Su desarrollo tuvo como base y sustento una serie de pactos electorales, cuyo objetivo principal fue garantizar el desarrollo de derechos mínimos, como el ejercicio del voto ciudadano, condiciones de equidad en la competencia, y la formación de gobiernos con base en la expresión de los sufragios.

En este conjunto también se han creado en México ciertas garantías para contar con espacios para que los actores políticos y los ciudadanos puedan organizar el cúmulo de derechos y libertades que construyen ciudadanía. Esta última parte es todavía más una aspiración que una realidad.

Entre 1977 y 1996 el país se hizo de un conjunto de reglas del juego electoral, de reformas y elecciones que, como un laboratorio permanente de ensayo y error, construyó el complejo entramado que hoy forma lo que podemos denominar como las instituciones de la democracia electoral.

Hay que decirlo, el trayecto se hizo en contra de la adversidad, al ritmo de dos procesos que se vincularon de manera ineludible: la caída de un sistema de partido hegemónico, que luego tuvo un carácter dominante y llegó finalmente a un régimen de alta competencia sobre la base de una representación mixta, con dominante mayoritaria y con tres grandes partidos nacionales.

El otro factor fue el crecimiento de una sociedad que se diversificó, se volvió plural y de forma permanente demandó un sistema confiable y equitativo de competencia.

¿Qué se puede hacer frente al inconveniente mayor de un sistema político que no resuelve los problemas de una democracia incipiente? Con el modelo electoral mexicano llegamos a la separación radical entre gobernantes y gobernados, partidos que se metieron a la televisión y ciudadanos que solo escuchan pleitos y promesas.

En un futuro próximo, los partidos y el gobierno necesitarán cambiar las reglas del juego y también a los operadores, por supuesto; establecer otro mecanismo para su elección. Esa podría ser la vía para que la institución electoral recupere la confianza de la sociedad y, sobre todo, de la parte agraviada.

La recuperación ciudadana del INE tendría que terminar con la sospecha de que los consejeros responden a intereses partidistas y eso sólo se podrá lograr con un nuevo consejo. Cualquier árbitro que no tiene la confianza de los equipos que disputan una competencia pierde sentido.

Sin duda, hay que cambiar el perfil de los consejeros, reducir sus enormes salarios que se han convertido en una retribución desmesurada que pervierte el puesto. La operación electoral también tiene que simplificarse. Modificar los costos, acortar las campañas, transformar el esquema de acceso a los medios masivos, sincronizar los calendarios, como partes claves de una reforma más amplia que modifique el perfil de nuestras instituciones.

La conclusión general es que México tiene un modelo que nos ha regresado al escenario del conflicto político. La pregunta que queda pendiente para el futuro inmediato es si una nueva composición institucional puede regular y moderar a los actores, a pesar de sí mismos. Los cargos en el servicio público son temporales, las instituciones deben permanecer en la medida que sean funcionales.

La participación ciudadana por vía de las organizaciones civiles, es sin duda, el motor de la participación social en México, de aquellas necesidades donde la administración pública de los tres niveles no alcanza a satisfacer las demandas de la población.

Ciudadanos comprometidos con causas sociales que beneficien a la colectividad deben ser apoyados para generar un entorno de bienestar común. Las calles, colonias y centros de trabajo son los mismos para todos, mejor que estén en óptimas condiciones para una sana convivencia. Esto se logra sumando esfuerzos, no dividiéndolos.

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