OPINIÓN

Por Jorge Berry (*) – m.jorge.berry@gmail.com

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México está cada vez más vulnerable, y por ello, peligroso. Le queda al presidente poco más de una año de gestión efectiva, y buena parte de ese tiempo estará ocupado en la sucesión, que parece ser su tema prioritario. Hay, dentro de Morena, una sensación de riesgo para las próximas elecciones, y están recurriendo a las viejas mañas y técnicas priistas para conservar el poder: está por verse hasta dónde llegarán.

Mientras, en otros frentes, AMLO enfrenta varias crisis simultáneas. Esta semana que termina, Nayeli Roldán, una reportera de “Animal Político”, exhibió al presidente en la mañanera al cuestionar el espionaje que las fuerzas armadas están ejerciendo sobre ciertos actores de la vida nacional, en una clara violación (otra) a derechos individuales plasmados en la Constitución. El Ejército, tal vez por sobrecarga de trabajo, porque ya hacen todo en este país, tampoco pasa por buen momento. No sabemos aún qué papel desempeñó en el desastre de Matamoros, ni por qué ha perdido visibilidad el general secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, pero la molestia y falta de confianza en nuestras fuerzas armadas que expresó Washington es evidente. Tuvo una semana muy ocupada el embajador Ken Salazar.

Por otra parte, el plan “B” del presidente para debilitar al INE tampoco va por buen camino. A menos de 48 horas de su publicación, una corte federal declaró inconstitucional el despido del secretario general del INE, y ordenó su restitución. AMLO tuvo que acatar, a regañadientes, el fallo, pero no pudo contenerse verbalmente, y se mofó del secretario llamándolo “Porfirito”, en alusión a Porfirio Díaz. Pero más allá de esta resolución en particular, parece claro que es inminente una suspensión de la aplicación de la nueva ley, mientras la Suprema Corte de Justicia no resuelva el fondo del asunto, que es la constitucionalidad de numerosos apartados en la nueva ley. Por ello, los ataques diarios y la presión que ejerce Palacio Nacional sobre la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, quien hasta ahora ha ejercido su administración con estricto apego a la ley, y sin tomar en cuenta consideraciones políticas. Por eso, AMLO pretendió alargar la presidencia de Arturo Saldívar, predecesor de Norma Piña, quien era mucho más susceptible a seguir los designios del macuspano.

López Obrador también tuvo que soportar una segunda marcha masiva, ésta para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo, Palacio Nacional amaneció protegido por barreras metálicas y una doble barrera de contención de granaderos “para evitar que las mujeres violentas de la marcha hicieran destrozos y tal vez accedieran a Palacio Nacional”. AMLO trató de contrarrestar la marcha reuniendo a las mujeres de su gabinete, pero eso, aunque lo ha hecho otros años, nunca ha funcionado. Lo del “presidente más feminista de la historia” es sólo un mito propagado por él mismo. Según cifras del propio gobierno, desfilaron durante horas en el Zócalo unas 90 mil personas, abrumadoramente mujeres. Esta vez, la Plaza de la Constitución se tiñó de morado, como unos días antes, lo había hecho de rosa.

Llamó la atención que ni la Fiscalía General de la República ni la Unidad de Inteligencia Financiera aceptaran al reembolso de 200 millones de pesos a cambio de la libertad de Emilio Lozoya, el ex-director de Pemex involucrado en el fraude multimillonario de Odebrecht en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Recordarán que, originalmente, Lozoya negoció un paquete de información con el gobierno, en el que se comprometió a dar nombres y detalles del gigantesco fraude y a reparar el daño. A cambio, le dieron prisión domiciliaria. Pero pasaban los meses y la información no llegaba. Salieron a la luz unas fotos de Lozoya cenando en restaurante de lujo en la CDMX, violando así la prisión domiciliaria, y la FGR lo arrestó de nuevo, y ahora sí, fue a la cárcel. Éste, su más reciente intento de recuperar la libertad, parece haber fracasado. Lozoya pensaba que contaba con el apoyo del fiscal Gertz Manero, pero no fue así. El juez ya dio fecha para que inicie la presentación de pruebas, pero esto va para largo, porque los abogados de Lozoya usarán todos los recursos posibles para evitar un juicio, que podría poner a su cliente 40 años tras las rejas.

¡Hasta el viernes, amigos de Bahía y Vallarta!

(*) Periodista, comunicador y líder de opinión con 50 años de experiencia profesional.

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