By Por Juan Carlos Arce/Ciudad de México
Claudia Morales Reza, una mujer indígena jalisciense defensora de los derechos humanos, fue nombrada como la nueva presidenta del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred).
La nueva titular de Conapred, que estará en este cargo por un periodo de cuatro años, es una indígena wixárika y se ha desempeñado como presidenta del Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales de San Andrés Cohamiata, una comunidad del municipio de Mezquitic, Jalisco.
El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Morales Reza en su nuevo cargo. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, fue el encargado de dar a conocer esta decisión a través de sus redes sociales, mientras el titular del Ejecutivo se encuentra en Washington.
El Conapred no tuvo titular durante dos años, luego de que Mónica Maccise renunció a ese cargo el 19 de junio de 2020. La ex funcionaria abandonó la institución luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de desaparecer a este Consejo que lleva dos décadas de existencia.
Maccise Duayhe también se fue entre críticas por haber invitado a un foro sobre discriminación al comediante Chumel Torres, quien en 2019 llamó “chocoflan” a Jesús Ernesto, uno de los hijos de López Obrador, por el color de su cabello.
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, acusó a Chumel Torres de discriminación y exigió una disculpa para su hijo, sin embargo, esto aún no sucedía cuando el youtuber fue invitado al foro organizado por Conapred.
Desde la renuncia de Maccise Duayhe el presidente López Obrador anunció que la nueva titular del Conapred sería una persona indígena. Entre la terna de candidatas se encontraban la elegida Morales Reza; Olga Santillán, una mujer tepehuana de Durango; y Mónica González, una mujer de Baja California de la etnia cucapá.
A pesar de que el Consejo ya tiene una nueva titular, el presidente López Obrador ha insistido en diferentes momentos que esta dependencia podría desaparecer y sería transferida a la Secretaría de Gobernación (Segob) junto con otras instancias protectoras de derechos humanos.
