EDITORIAL VALLARTA OPINA

El derrumbe registrado el martes de esta semana en la zona de Amapas, en un predio particular frente a la playa de Los Muertos, en la colonia Emiliano Zapata, dejó al descubierto que la ley y los reglamentos están para ser violados una y otra vez, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno se enteren hasta que suceden percances como el reportado con el deslave.

Resulta que en el predio en cuestión había una máquina pesada realizando algunos trabajos sin el permiso correspondiente y, peor aún, brincándose un proceso administrativo de clausura por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a que existían condiciones de riesgos latentes por deslizamientos y caída de material que pudieran afectar tanto a los inmuebles colindantes como a la infraestructura y vialidad.

Pero no solo eso. Además, la Unidad Estatal de Protección Civil confirmó que ya había alertado a los constructores sobre esta situación, ya que con fecha 23 de marzo del presente año, mediante oficio número DPCB/04/677/2021, la dependencia municipal emitió una serie de recomendaciones al director responsable de la obra del proyecto, a fin de que se concluyera con los trabajos de estabilización de taludes.

Después de conocer esta información, absolutamente nadie se puede dar por sorprendido. Estamos, otra vez, ante una actitud negligente de la constructora responsable y de falta de inspección y vigilancia por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Y es que no basta con clausurar una obra. Lo conducente es mantener la vigilancia y darle seguimiento a las acciones emprendidas, porque visto está que a los particulares les importa muy poco cumplir la ley y las disposiciones oficiales.

El gobierno municipales adelantó ayer que a través de la Sindicatura y el departamento Jurídico, en conjunto con el Seapal Vallarta, preparan la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable, por los daños causados al patrimonio.

Es cierto que se actuará en consecuencia, pero lamentablemente vamos tarde, otra vez, en la inspección y vigilancia cuyo objetivo es la prevención, adelantarse a los hechos para garantizar el cabal cumplimiento de las leyes y los reglamentos.

Tras conocer el hecho del derrumbe en la zona de Amapas, que por fortuna no dejó víctimas mortales, en Bahía de Banderas ya pusieron las barbas a remojar y el Colegio de Arquitectos e Ingenieros Civiles del municipio advierte, desde ahora, que es necesario modificar el reglamento de Construcción y Asentamientos Humanos de Bahía de Banderas, ya que le pone una fuerte carga de responsabilidad al perito de obra.

Su presidente, Mario Andrés Bogarín, dijo que en Bahía de Banderas afortunadamente existe un Atlas de Riesgo, el cual señala las zonas identificadas como potencialmente peligrosas.

Sin embargo, las empresas constructoras deben darle un tratamiento especial a esas zonas, desde identificar bien los escurrimientos naturales y el tipo de suelo con el que se cuenta, hasta darle importancia a las recomendaciones oficiales.

Es evidente que de las investigaciones surgirá más información importante sobre este asunto del deslave y la operación de la maquinaria pesada en el predio. El hecho supone varios delitos y, entre ellos, seguramente surgirá el de posible corrupción, que no sería nada raro. Esperamos que se actúe en consecuencia y que, efectivamente, se finquen responsabilidades, pero sobre todo, que se regule la construcción en zona de riesgo para evitar este tipo de hechos que, por fortuna, no terminó en tragedia.

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