Después de “Otis”, Vallarta y Bahía deben poner sus “barbas a remojar”

EDITORIAL

La decisión del jueves de la semana pasada por parte del gobierno federal de dar por terminada la declaratoria de emergencia en el estado de Guerrero, tras el devastador paso del huracán “Otis”, debe ser una llamada muy fuerte de atención para todos los estados y municipios del Pacífico mexicano.

En especial, debe ser una severa advertencia para los estados del occidente del país como Jalisco y Nayarit y, particularmente, para esta región de la bahía compartida por los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en donde en los últimos 30 años se han sentido los efectos de varios ciclones tropicales.

Y es que, en la edición del pasado jueves 9 de noviembre, el Diario Oficial de la Federación publicó el “Aviso de término de la Declaratoria de Emergencia (acuerdo por el que se establece el término de situación de emergencia) por la ocurrencia de lluvia severa y vientos fuertes el día 24 de octubre de 2023 en 2 municipios del estado de Guerrero”.

Esta decisión del gobierno federal causó sorpresa en amplios círculos de los sectores productivos y sociales del país, ya que a pesar de que las labores de limpieza y rescate de personas continúan en Acapulco y Coyuca de Benítez -los únicos dos municipios contemplados en la emergencia por el gobierno federal-, la Dirección General de Protección Civil argumentó que “a la fecha ya no persisten las condiciones de emergencia para continuar con la vigencia de la declaratoria”.

Increíble, pero cierto. No bastaron la destrucción y los saqueos en la franja hotelera y turística de Acapulco, ni los daños y la carencia de combustible en las zonas habitacionales, ni la falta de alimentos y agua potable en las colonias, nada importó porque aquello ya no es una emergencia (y es que ya no llueve ni hay vientos), según la opinión del gobierno federal y sus instituciones.

Basta ver cómo están sufriendo carencias en todos los renglones miles de habitantes del puerto acapulqueño para darse cuenta de que la emergencia continuará durante muchos meses más. Imperdonable borrar desde un escritorio la declaratoria de emergencia por cuestiones “técnicas”.

Es impensable, sencillamente no se entiende cómo fue que el gobierno de México primero emitió el 2 de noviembre una declaratoria de desastre para 47 municipios de Guerrero, donde el potente huracán Otis tocó tierra el 25 de octubre con categoría 5 y rompió el récord de intensificación de un ciclón en el país.

Sin embargo, un día después el Ejecutivo federal redujo la declaratoria a solo dos municipios, algo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, justificó por “un error” de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

“Claro que hay damnificados en nuestro país, muchos, muchos, muchos que requieren ayuda, pero por el huracán, básicamente estos dos municipios”, declaró en su conferencia mañanera el presidente.

Tras la declaratoria, el fin de la declaratoria, el error y la justificación presidencial los miles de habitantes afectados la reacción no se hizo esperar y representantes de organizaciones civiles y sociales y hasta las propias autoridades en las zonas y los municipios afectados quedaron en shock. Nadie lo puede creer dentro y fuera de Guerrero.

Para colmo, el gobierno de México anunció 61 mil 313 millones de pesos para las reparaciones y apoyos sociales en Guerrero, donde se destruyeron más de 300 hoteles y unas 250 mil personas quedaron sin vivienda, según las cifras oficiales.

Sin embargo, la agencia de calificación crediticia estadounidense Fitch calculó en 16 mil millones de dólares (algo así como 288 mil millones de pesos a un tipo de cambio de 18 pesos por dólar) las pérdidas catastróficas.

Mientras tanto, las cámaras empresariales afectadas en Acapulco prevén dos años y hasta 300 mil millones de pesos para la reconstrucción del icónico puerto guerrerense, situación que se antoja titánica por la devastación que todos hemos visto, menos el gobierno federal.

Todo lo anterior, amén de que el partido político en el gobierno (Morena) ha recibido y afrontado todo tipo de críticas por no incluir recursos económicos específicos para la reconstrucción de Acapulco en el presupuesto público de 2024 aprobado la semana pasada en el Congreso de la Unión.

Es por ello que ante este lamentable y desolador panorama los gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit deberían pensar en la creación de un fondo especial para la atención inmediata de desastres naturales en sus municipios costeros.

La devastación en Acapulco y la falta oficial de ayuda oportuna es una advertencia que también debe poner en alerta a los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en donde tendría que crearse igualmente un fondo especial para la atención de desastres, pues no basta con reaccionar ante la tragedia y entregar apoyos como láminas, colchones, enseres y electrodomésticos.

Los gobiernos municipales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas deben ir más allá. Es necesario contar con un fondo suficiente para atender de manera integral este tipo de desastre que, como ya lo vimos, son lo suficientemente grandes para rebasar a cualquier autoridad en funciones.

Lo mismo debe suceder con los organismos empresariales en esta región. Es urgente la creación de un fondo económico que le permita al sector privado reaccionar con prontitud y eficacia ante cualquier eventualidad, más allá de la contratación de un seguro contra desastres, porque está visto que los gobiernos son rebasados por la magnitud de las tragedias. En suma, es una responsabilidad y una obligación de todos que Puerto Vallarta y Bahía de Banderas pongan sus “barbas a remojar”, porque como ya lo comprobamos, las barbas de Acapulco fueron cortadas de tajo y por ahora la ayuda oficial ha sido insuficiente en perjuicio de miles de guerrerenses.