Por Rafael Delgado Gutiérrez/Tepic

En la cabecera municipal de San Blas, sus habitantes viven con el temor y la incertidumbre de ser víctima de la delincuencia que se ha desatado, con una ola de robos, asaltos y levantones sin que el alcalde José Barajas y el titular de la Secretaría de Seguridad Municipal, hagan algo al respecto.

Por lo que, la diputada Juana Nataly Tizcareño Lara, ayer, presentó un exhorto ante el pleno de la Cámara de Diputados, para que las autoridades del mismo municipio, actúen en consecuencia, de lo contrario, deberá intervenir el estado, consideró la legisladora.

“En San Blas ahorita la inseguridad está por los cielos y la seguridad está por los suelos. San Blas ahorita es un lugar inseguro, hay una robadera que ni parece que tenemos un secretario de Seguridad Pública Municipal, no parece que tenemos policías; hay un robo desmedido a casas-habitación, está un cochinero ahorita con el tema de la seguridad pública en el municipio de San Blas, esa es una realidad”, aseguró.

Sin embargo, consideró que aparte de que sea un tema donde podría entrarle la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado, es un asunto del alcalde hasta dónde permitirá tener un secretario de Seguridad Municipal que le pueda funcionar o no, señaló. Es decir, si alguien no le funciona en el municipio como presidente municipal, aunque sean del estado, tiene la manera de decir que no le sirven sus elementos y que los capaciten.

Sobre todo, refirió, saben que el secretario de Seguridad Estatal Jorge Benito siempre está a la expectativa y cuida mucho esta parte, para que se le solicite el apoyo.

Mientras tanto, Tizcareño Lara, dio a conocer que, en la vida cotidiana de San Blas, también el pasado martes tuvo un problemas con la detención de un trabajador de las Islitas de 64 años que padece enfermedades crónico degenerativas como la diabetes y la hipertensión, por una denuncia anónima al 911, cuando él iba en su camioneta a comprar leña para llevar a la ramada y lo detuvieron bajo el cargo de alterar el orden.

Sin embargo, señaló que para liberar a este trabajador tuvieron que pasar 10 horas tras el apoyo que recibió del secretario de Seguridad Estatal Jorge Benito Rodríguez Martínez, ante la postura del secretario de Seguridad Municipal, quien dijo que un juez determinó 36 horas de arresto cuando es una falta administrativa que se sanciona con una multa de 300 pesos.

Razón de más para considerar que este funcionario cometió un acto de privación ilegal de la libertad por su falta de capacidad y de capacitación de los policías municipales que le dieron un trato nefasto a la familia del adulto mayor y a la dueña del restaurante donde trabaja, quien tuvo que esperar seis horas para que lo liberan, concluyó la legisladora.

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