Empresaria canadiense mantiene privatizada la playa El Limoncito, en Compostela

Por Rafael Delgado Gutiérrez/Tepic

En el municipio de San Blas, a casi dos años, continúa el conflicto agrario entre la empresaria canadiense Ángela Birkenbach y los ejidatarios del Ejido Jolotemba, en el municipio de San Blas, donde la playa “El Limoncito”, se mantiene privatizada por la extranjera y nadie puede ingresar porque quien lo intente, corre el riesgo de que los corran.

Sin embargo, la solución a este conflicto de desarrolla con tal lentitud, por parte del Tribunal Agrario que opera en Nayarit, señaló la diputada Myrna María Encinas García.

“Yo quiero destacar, la playa El Limoncito, es una playa del municipio de San Blas que está antes de llegar a playa Platanitos. Es una playa casi virgen, hasta hace poco se ha tenido cerrada y nosotros decimos que está privatizada, porque hay un solo acceso, pero es privado hacia un restaurante. Todo lo demás está cercado con postes y con alambre de púas, tanto zona federal como terrenos ganados al mar”, expuso.

Comentó que se conoce y se presume que está hecho por la empresa “Limoncito Gil”, que es una compañía que tienen unas villas en un cerro y un restaurante es lo que es la playa Limoncito.

CAMINO CERRADO

El problema, recordó la legisladora, es el camino de acceso al público, que es un camino saca-cosechas de hace 50 años del ejido de Jolotemba, el cual actualmente está cerrado con unos portones.

Aunque digan que sí está abierto, puedes pasar y tienes que llegar al restaurante a consumir o pagar por el ingreso, sino no lo hacen, son corridos por la canadiense, aseguró.

Sobre esta situación, Encinas García refirió que no hay día que no reciba denuncias ciudadanas que se quejan de que fueron corridos de forma déspota, prepotente e insultante.

Sin embargo, sostuvo que este es un problema grande que el ejido de Jolotemba sostiene y sobre el cual hay medidas cautelares en el sentido de que el camino se deje abierto.

La legisladora estimó que el camino tiene alrededor de 2.5 o 3 kilómetros y se considera que es ejidal sobre las medidas de Procede, que cuando se geo-referenciaron las parcelas en su momento, las posiciones y las coordenadas se movieron porque tuvieron su grado de error.

Por lo que al moverse el camino se desfasó y quedó en varias parcelas de propiedad privada, que es lo que la empresa Limoncitos Gil, reclama que el camino está en su propiedad privada, pero en la realidad, si todo se hicieran al comportamiento de la extranjera, pues no hubiera camino, anotó.

ESPERAN RESOLUCIÓN

Por lo tanto, el ejido de Jolotemba está esperando la resolución apegados al marco legal y de manera pacífica. Además, de confiar en el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero que ve por la justicia social y en eso están inmersos con el apoyo del pueblo y su diputada.

Señaló que la violación a la normatividad federal se da con el cierre de la zona federal y de la playa. Pero como los ejidatarios no quieren tener conflictos con la empresaria canadiense, dejaron en manos del Tribunal Agrario, la solución a este conflicto.

Sobre ello, informó que están en espera de que el magistrado del Tribunal Agrario acuda al lugar del conflicto a verificar la medida cautelar que tiene la disposición de que se abra el camino, que no haya portón ni canceles porque hay un litigio para definir si el camino es del ejido o es propiedad privada.

La diputada Encinas García aseguró que en cuanto a la zona federal, hay denuncias del ejido en la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, contra la empresa donde se ubica el restaurante que no tiene la concesión porque ya se les venció y no la pueden refrendar porque hicieron mal uso de este espacio.

Mientras el ejido solicitó ese espacio -que son alrededor de 400 metros lineales hacia la playa-, para uso agrícola y en ese proceso está la concesión, informó.

“Desgraciadamente las autoridades en este tema son muy lentas, pero se han hecho las denuncias pertinentes y están en espera que la dirección de Zonas Federales en la Ciudad de México, se apure y que el ayuntamiento de San Blas participe porque se le ha dado a la empresaria canadiense permisos de venta de alimentos y bebidas, en el espacio que está en disputa”, lo que genera también el conflicto social, concluyó la legisladora.