Agencias/SUN/Ciudad de México

Luego de que a Héctor Luis Palma Salazar, alias “El Güero Palma”, le fuera frustrado su último intento de liberación, el capo, antiguo socio del “Chapo” Guzmán, presentó una demanda de amparo debido a que, según sus propias palabras, las autoridades pentienciarias del Altiplano lo mantienen incomunicado.

En un escrito radicado en un Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, citado por el medio Zeta Tijuana, el “Güero Palma” reclamó sus derechos fundamentales, pues aseguró que se encuentra en un régimen de incomunicación, y señaló como responsable al director general del Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez.

El juzgador de amparo, según trascendió, habría admitido el trámite y concedido la suspensión de plano a Palma Salazar, por lo que su situación podría ser atendida en caso de que efectivamente se encuentre una violación o falta grave a sus derechos humanos.

La madrugada del pasado miércoles se dio a conocer que la magistrada María Dolores Olarte, del Primer Tribunal Colegiado de Apelación de Jalisco, había ordenado la liberación de Palma Salazar porque no se contaba con los elementos suficientes para acreditar su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Por eso se esperaba que el narcotraficante sinaloense saliera del penal del Altiplano en el Estado de México. Sin embargo, fuentes federales indicaron que en la mañana del 10 de mayo la FGR ejecutó un nuevo mandamiento judicial por el delito de homicidicio calificado, registrado hace más de 30 años.

El abogado del capo sinaloense, José Gabriel Martín Hernández, mencionó que no tenían contemplado el nuevo mandato judicial y calificó la acción como un acto de represalia luego de que el capo sinaloense se negara a pagar una “estratosférica” cantidad de dinero en 2020 a cambio de su libertad.

El abogado defensor de Palma Salazar detalló que en una audiencia de 2021 el “Güero Palma” declaró ante un juez de control que el director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1 -donde se encuentra recluido- le habría exigido un pago de USD 6 millones entre abril de 2020 y febrero de 2021.

“En esa audiencia de control él expresó que él consideraba que todo esto era porque no accedió a meterse en un acto de corrupción y mucho menos una extorsión, porque en primer lugar es una persona que tiene 28 años en la cárcel y no tiene dinero como para sujetarse a ese tipo de delitos, dado que él es inocente de lo que se le ha imputado”, aclaró José Gabriel Martín Hernández.

Bajo ese tenor, el abogado de Palma Salazar indicó que la nueva orden de aprehensión podría tratarse de una “venganza” de las autoridades, ya que su representado se negó a pagar la millonaria cifra, además de que aseguró que existen múltiples inconsistencias en la acusación, comenzando porque aunque se supone que consta de 95 páginas, únicamente les fueron proporcionadas tres.

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