Por Jorge Berry (*) – m.jorge.berry@gmail.com

Se vienen días críticos en la vida política nacional. El esfuerzo de Morena y Andrés Manuel López Obrador para desmantelar al Instituto Nacional Electoral y suplirlo con un organismo a modo que les garantice el triunfo en 2024 está ya en pleno despliegue.

La más reciente adquisición de Morena, el traidor Alejandro Moreno, presidente nacional de los restos del PRI, doblado ante la presión que ejerció sobre él la impresentable Layda Sansores, ya sostiene reuniones con la cúpula morenista y sus partidos rémoras, para acabar con cualquier semblanza de democracia en México.

Veamos lo que pretenden. Bajo el argumento, falso por cierto, de que el INE cuesta muy caro, quieren eliminar al INE y crear un bodrio llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Reducir el número de consejeros de 11 a 7, y bajar su ejercicio de 9 a 6 años. Los consejeros serían electos por la población de entre 60 candidatos, 20 a propuesta de AMLO, el Congreso, otros 20, y la corte 20 más.

El presidente del Instituto sería el consejero más votado. Si alguno llega a faltar, el sustituto sería designado por, qué sorpresa, el Congreso. Algo similar pretenden con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que de por sí, ya tienen cooptado.

Al mismo tiempo, esta iniciativa desaparecería a los plurinominales en el Congreso, reduciendo el número de diputados y senadores. Si no fuera trágico, daría risa el primitivo intento de, por esta vía, lograr una abrumadora mayoría calificada en ambas cámaras.

No es imposible que la oposición logre detener esta aberración legislativa, tal como ocurrió con la reforma eléctrica. Pero también puede acabar pasando, si los esfuerzos de Morena y el secretario de gobernación, Adán Augusto, logran “convencer” a senadores de oposición a base de “expedientazos”. Hablando de Adán Augusto, se fue de la boca horrible afirmando que el ex presidente Felipe Calderón estuvo bajo investigación de la DEA por aquel viejo operativo que causó el escándalo en Estados Unidos con el “Rápido y Furioso”. Tuvo que desdecirse al día siguiente, al haber sido categóricamente desmentido por la DEA.

En todo este lío legislativo de la reforma electoral, se decidirán muchas cosas. Alito se dobló ante las bajezas políticas de Layda Sansores, pero ahora, quien está bajo ataque es el senador Ricardo Monreal, y él no se va agachar. La posición de Monreal es delicada, y próxima a definirse.

Es claro que quiere contender en 2024, pero hasta él sabe que Morena no es su camino. La operación política que se requiere para deslindarse de Morena y buscar otros horizontes lo hará tener que tejer muy fino, pero pocos tan hábiles como Monreal para lograrlo.

Y toda esta crisis, que puede explotar en cualquier momento, se da bajo la sombra del delicado estado de salud del presidente López Obrador. Sus médicos insisten en que debe estar acompañado por sus doctores de manera permanente, pues el riesgo de un infarto mortal es inminente. Y eso sí que desataría a los demonios.

El mecanismo constitucional para suplir a un presidente, indica que, ya a estas alturas de su mandato, el Congreso tendría que designar a un presidente interino que termine su mandato. Si ya de por sí la batalla por la sucesión está desatada entre las llamadas “corcholatas”, que van de un ridículo a otro para hacerse promoción, (solo hay que ver a Ebrard maquillado de calaca o a Sheinbaum dando brinquitos con cargo al erario, para saber que están desquiciados) imagínense que el Congreso morenista tuviera que decidir quién termina el sexenio de AMLO, y lo que ello significaría para la candidatura de 2024.

Finalmente, está el caso de Pío López Obrador, hermano del presidente. La fiscalía especializada en delitos electorales, que encabeza José Agustín Ortiz Pinchetti, de los mejores amigos de AMLO, declaró exonerado a Pío de recibir dinero ilegal para fondear la campaña de su hermano. Esto es inverosímil. Pío mismo declaró en una entrevista que sí recibió el dinero, y para qué lo usó. No hay duda que el delito está completamente tipificado. Pero así, sin ningún recato, la fiscalía afirmó que no había suficientes pruebas. Así estamos. A merced de las decisiones de los poderosos, y al demonio con la ley.

¡Hasta el lunes, amigos de Vallarta y Bahía!

(*) Periodista, comunicador y líder de opinión con casi 50 años de experiencia profesional.

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