By OPINIÓN
+ La certeza jurídica es condición indispensable para el desarrollo social y económico de los países
+ La capacidad de las instituciones se ha venido deteriorando; es el principal reto que enfrentamos en México
En México existe un “continuo estancamiento” en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, en el que la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa han sido los contrapesos al poder público que han tenido mayores retrocesos.
¿A qué me refiero con estancamiento? A que los progresos o bien retrocesos, son marginales o inexistentes. En la mayoría de las entidades los puntajes no cambiaron entre años y, en los que sí cambiaron, ninguno mejoró o empeoró su puntaje por más de 3 por ciento. Ese cambio en la calificación es marginal, de poco impacto y, por lo tanto, lo consideramos como estancamiento.
La certeza jurídica es condición indispensable para el desarrollo social y económico de los países. Si vemos la situación de culturas como Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza, por mencionar algunos, son conglomerados sociales donde existe una sana relación entre la impartición de justicia y la satisfacción ciudadana. La educación es un factor “sine qua non” para que las personas asuman su responsabilidad en la sana convivencia con sus pares.
Si hay una entidad que encabeza el concepto de estancamiento es la Ciudad de México, ya que no se ha movido en términos de puntuación, ha permanecido constante en las últimas ediciones, y la razón por la que se ve al final es porque otras que estaban en el fondo de la tabla, como Guerrero, han venido avanzando y la CDMX está estancada.
En estos cinco años, la Ciudad de México se convirtió en la segunda entidad con la peor situación en materia de democracia, combate a la corrupción, justicia, transparencia y respeto a las leyes.
Por primera vez desde que se mide el Estado de Derecho en las 32 entidades del país, la capital apareció en penúltimo lugar sólo superada por Quintana Roo con una puntuación de 0.36 unidades.
Antes del año 2018, Ciudad de México tenía un puntaje de 0.37 y se ubicaba en la posición 25 a escala nacional, mientras que el país tenía 0.39 unidades. A la vuelta de cinco años, el país avanzó hasta tener un promedio de 0.42 y la capital bajó a 0.36 puntos.
Por su parte, Jalisco se encuentra en la posición 24 del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022. Tiene una puntuación de 0.38 en una escala que va de 0 a 1, donde 1 significa total respeto por el Estado de Derecho. Su mejor posición ha sido la 23 en la edición 2018.
La entidad obtuvo su posición más alta en límites al poder gubernamental (Factor 1), en el cual se ubica en el lugar 15 nacional, con 0.42. Sin embargo, su puntaje en este y los otros factores se han mantenido estancados desde la primera edición.
Por otro lado, sus dimensiones con los puntajes más alejados de la calificación idónea son ausencia de corrupción (Factor 2), y justicia civil (Factor 7), ambos con 0.32 y en el lugar 27 nacional. También, está en el lugar 26 en cumplimiento regulatorio, con 0.34. Asimismo, tiene 0.33 en orden y seguridad (Factor 5), y 0.34 en justicia penal (Factor 8), ambos en la posición 22.
Por lo que respecta a Nayarit, la entidad se ubica en la posición 13 del mismo índice y a la misma edición, con una puntuación de 0.42. Desde las ediciones 2018 a 2021, el estado ha tenido una mejora en términos globales de los indicadores de Estado de Derecho. Los principales retos que enfrenta la Entidad Federativa son seguridad y corrupción.
A nivel nacional tenemos tres principales retos que le son comunes prácticamente a todas las entidades federativas: uno de ellos, tenemos un declive en el sistema de pesos y contrapesos, que los legislativos, los poderes judiciales y las condiciones básicas para respetar los derechos de libre asociación se han venido deteriorando prácticamente en todas las entidades y la capacidad de las instituciones para hacer su labor se ha venido deteriorando; es el principal reto que enfrentamos en México.
Según el World Justice Project (WJP), un Estado de Derecho robusto es una precondición para la prosperidad, el desarrollo y la igualdad. Los ocho factores que enmarcan el concepto, mostrados en datos en el Índice, son: Límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Entre los estados del país que destacan, a pesar del bajo puntaje general, se encuentran Querétaro, Sinaloa, Guanajuato, Baja California Sur, Tamaulipas y Sonora. En contraste, el puntaje más bajo lo tienen: Quintana Roo, Ciudad de México y Guerrero.
Los resultados de esta edición muestran poco progreso y un franco estancamiento en la transición hacia un Estado de Derecho pleno en la mayoría de las entidades del país.
El fortalecimiento del Estado de Derecho es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. El apego o falta de apego a él se manifiesta en aspectos como acceso a la salud y justicia, discriminación, seguridad pública y la libre expresión.
La vía para fortalecer el Estado de Derecho comienza por el cumplimiento de las normas jurídicas que, si bien no se agota en ello, es requisito indispensable.
Es de explorado derecho que la ley no agota todas las hipótesis que pueden presentarse, corresponde a la ciudadanía aportar tanto por vía de iniciativas como el desarrollo de la preeminencia y educación en el trato social. Hoy ante un mundo acelerado, el tener cuidado y atención por nuestro prójimo se vuelve necesario para una paz social, factor indispensable para el crecimiento económico.
(*) Maestro Fernando Castro Rubio, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
