By Por Mario Herrera García/Tepic
El secretario general del Gobierno nayarita, Juan Echeagaray, afirmó que las autoridades anticorrupción y a propia fiscalía tiene la “caja” que contiene un sinnúmero de acto ilegales presuntamente cometidos por delincuentes de cuello blanco, dirigentes sindicales implicados en actos de enriquecimiento ilícito, personas con hasta tres plazas de tiempo completo, e incluso choferes que ganan 70 u 80 mil pesos mensuales de pensión.
“Quienes nos dedicamos a la actividad pública estamos sujetos al escrutinio social. A mí se me señalaba que tengo una pensión de 30 mil pesos, si es cierto, yo duré 32 años en la universidad impartiendo clases diario, me gané mi pensión”, afirmó Echeagaray.
Y toda esa información se debe transparentar porque la sociedad quiere y tiene el derecho de conocer como lo que sucede al interior de algunas áreas educativas o de gobierno donde algunos personajes tienen hasta tres salarios”, añadió.
“Yo tengo mi pensión que me la gané por años y ahorita trabajo como funcionario y gano mi salario, eso es lo que se debe de transparentar con la sociedad, no tener dos o tres salarios, había tres tiempos completos de ocho horas, que se preguntaba uno y ¿a qué horas duerme?”, indicó Juan Echeagaray.
Y prosiguió en sus denuncias: “En el magisterio igual, hay personas que han sido choferes y que ganan los más altos niveles y reciben pensiones arriba de 70 u 80 mil pesos mientras que los pobres maestros que por más de 20 años han asistido cotidianamente a escuelas apartadas de los centros de población en la sierra, ellos si tienen derecho a una pensión, pero no en las condiciones que reciben los llamados privilegiados”.
El secretario general de Gobierno, que tiene a su cargo la política interna, advirtió claramente que a los funcionarios públicos les pueden revisar su patrimonio y condición económica hasta diez años después de dejar el puesto, para que acrediten que los ingresos obtenidos coincidan con su patrimonio.
Mientras, en redes sociales, empiezan a hacerse públicas lista de presuntas propiedades de implicados en delitos de enriquecimiento ilícito.
