Agencias/SUN/Ciudad de México

El Senado de la República aprobó una reforma que sanciona hasta 15 años de cárcel a funcionarios públicos que sustraigan vacunas contra el COVID-19 o medicamentos, así como tanques de oxígeno que pertenezcan al Sector Salud.

La reforma a la Ley General de Salud, avalada por 81 votos a favor y 10 en contra, crea un tipo penal para el robo de vacunas, ya sea que estas pertenezcan a un programa universal o se implementen en medio de una emergencia sanitaria, como la que actualmente vive el país por la pandemia de COVID-19.

Se aprobó una pena de tres a 10 años de prisión y multa de 300 a tres mil veces la Unidad de Medida de Actualización (26 mil 886 a 268 mil 860 pesos), cuando las vacunas tengan como propósito la inmunización de un agente patógeno. Similar sanción aplicará cuando algún medicamento o alguna ayuda funcional sean de uso esencial durante la acción extraordinaria.

“Cuando la persona sea servidora pública y cometa alguna de estas dos conductas, se le aplicará una pena de 5 a 15 años de prisión y multa de 300 a tres mil veces la Unidad de Medida de Actualización”, se lee en el documento.

La reforma, que fue turnada a la Cámara de Diputados, señala que durante la pandemia el robo de medicamentos se disparó 82.5% sólo en el año 2020 y el valor del mercado negro puede alcanzar los mil 500 millones de dólares.

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