By + En ocasiones, el Poder Ejecutivo ha tenido una influencia desproporcionada sobre los otros dos poderes, lo que ha debilitado la independencia del Poder Judicial y la capacidad del Poder Legislativo para actuar como contrapeso al Poder Ejecutivo
Desde que México es un país independiente, se estableció con toda precisión que una de las bases fundamentales de su organización política y de su forma de gobierno gubernamental era el principio de división del ejercicio del poder, que fijó la regla especial de esa fragmentación en el ejercicio de las actividades que corresponden al Estado.
Las funciones del gobierno tradicionalmente se han distinguido entre sí de acuerdo con la concepción clásica de la división de poderes, según la cual los órganos legislativo, ejecutivo y judicial realizan las funciones de producción de normas jurídicas, de ejecución de tales normas y de solución de controversias, respectivamente.
El pueblo mexicano ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, es decir, de los poderes federales, en los casos de la competencia de éstos; pero también el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes del estado, en lo que toca a sus regímenes interiores. La constitución Federal es la que expresamente ha creado estos dos órdenes de gobierno, y quien también en forma expresa ha señalado el reparto de competencias para cada una de estas jurisdicciones.
En base a todas las anteriores consideraciones, podemos afirmar que tanto el nivel federal como en el local existe la misma división de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
El Poder Ejecutivo se encarga de la administración del país, y está encabezado por el Presidente de la República, quien es elegido por sufragio universal y directo por un periodo de seis años. El Presidente es el responsable de la política exterior del país, la defensa nacional, la seguridad pública y el desarrollo económico y social de México.
El Poder Judicial es el encargado de impartir justicia en el país. Está compuesto por diversos tribunales y juzgados, ecargados de resolver conflictos legales entre particulares, así como casos de violaciones a la ley cometidas por particulares o servidores públicos.
En México, la división de poderes es un principio fundamental que busca garantizar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, este principio no siempre se ha respetado de manera adecuada.
En ocasiones, el Poder Ejecutivo ha tenido una influencia desproporcionada sobre los otros dos poderes, lo que ha debilitado la independencia del Poder Judicial y la capacidad del Poder Legislativo para actuar como contrapeso al Poder Ejecutivo.
Una de las razones y objetivo de la división de competencias es limitar el control absoluto por uno de los órganos de manera que imponga su voluntad en contra del interés público y del bien común.
El pueblo tiene el derecho de hacer las leyes y cambiarlas cuando quiera, a través de la aplicación del régimen representativo. También puede escoger y modificar la forma en que quiere ser gobernado (por medio de un Congreso Constituyente). Además, el pueblo es también el soberano en asuntos internacionales: puede llegar a acuerdos con otros países y también obligarlos a respetar nuestro territorio, nuestras leyes y nuestro gobierno.
El presidente López Obrador envió una iniciativa al Congreso de la Unión con mayoría de legisladores de su partido, con la finalidad de quitarle dinero al Poder Judicial. Esto significa una invasión a la competencia judicial. Prácticamente todas las dependencias de gobierno en cualquiera de los tres niveles de gobierno, sea Federación, Estado o Municipio carecen de recursos suficientes, por lo que la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial truncará los proyectos de modernización en la impartición de justicia que tanta falta le hace a nuestro país.
Justo en la semana se publicó el reporte de Estado de Derecho a nivel mundial, donde México ocupa el lugar 116 de 143 países evaluados, es decir, estamos en una peor posición y debajo de países como Angola y El Salvador.
Cabe mencionar que una fracción de diputados promoverá una acción de inconstitucionalidad y será el mismo Poder Judicial en la Suprema Corte donde se resuelva anular dicha cancelación, entonces el Presidente podrá decir que el dinero del pueblo se lo quedaron los ministros fomentando la fragmentación entre la sociedad.
Reitero que México vive un momento favorable por las circunstancias de inversión en el país, el bono demográfico y el crecimiento turístico. Es tiempo de sumar y no de dividir.
(*) Maestro Fernando Castro Rubio, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
