By Por Enrique Pineda/Puerto Vallarta
El sector inmobiliario de esta región del occidente del país sufre, desde hace varios meses, una parálisis de obras y proyectos que ha frenado el desarrollo de la industria y el flujo de nuevas inversiones en la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Y es que en meses recientes empresarios del sector han sufrido, por parte del gobierno federal, la suspensión y clausura de obras y proyectos en por lo menos 22 desarrollos inmobiliarios ubicados en varias zonas de alta plusvalía.
Los empresarios afectados aseguran que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han detenido las obras en proceso sin dar mayores explicaciones que “por infringir la normatividad en materia de impacto ambiental”, pero sin ofrecer más detalles o pruebas que permitan a las empresas afectadas corregir las presuntas irregularidades cometidas.
Esta posición asumida por la Semarnat y la Profepa ha comenzado a frenar el desarrollo inmobiliario y turístico de la región, además de afectar los planes de compradores como potenciales inversionistas en la zona.
DAÑO ECONÓMICO Y LABORAL
Se sabe que los 22 desarrollos frenados por las dos dependencias federales representan para esta importante región turística del país, a razón de 40 unidades promedio por edificio, alrededor de 880 unidades detenidas.
Cada unidad tiene un costo promedio de 400 mil dólares, por lo que en términos generales la Semarnat y la Profepa están generando pérdidas al sector inmobiliario regional por cerca de 352 millones de dólares que, de no resolverse las suspensiones, podrían ir a parar a otros destinos turísticos del país e incluso del extranjero.
Por otra lado, los 22 desarrollos inmobiliarios clausurados representan 200 fuentes de empleo directos por edificio, es decir, la afectación es directa para 4 mil 400 trabajadores que se han quedado sin la posibilidad de realizar un empleo remunerado.
Existe otro tema delicado y es que los clientes-compradores que ya invirtieron su dinero en las campañas de preventa de los proyectos se han encargado de correr la voz de que en esta región hay una afectación muy grande a sus intereses, de tal manera que se está comenzado a perder la credibilidad de invertir en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
DISMINUYE LA INVERSIÓN
En suma, el gobierno federal está deteniendo el flujo de la economía directa e indirecta en todas las obras y proyectos que dependen de la industria de la construcción, tan ligada a los sectores turístico, hotelero e inmobiliario.
Se sabe, por ejemplo, que en la Zona Romántica, en la colonia Emiliano Zapata de Puerto Vallarta, ha disminuido en forma muy drástica la nueva inversión, al caer hasta en un 60 por ciento entre los años 2021 y 2023, de ahí la preocupación del sector ante la posición asumida por la Semarnat y la Profepa en esta región.
Los empresarios saben que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, no se deben levantar edificios pasados en densidad y altura, pero incluso los constructores que han hecho bien las cosas y que están dentro del Plan de Desarrollo ha sufrido las decisiones de la Profepa, que ha llegado a detener las obras sin dar, otra vez, más explicaciones.
Se trata de un problema en donde todos pierden, porque hasta el gobierno municipio deja de ingresas recursos económicos a sus arcas por concepto de impuesto predial.
Además, el comprador, el turistas y el inversionista extranjero que compra no tienen tampoco la certeza de que se van a concluir las obras de los edificios y, muchas veces, mejor prefiere no gastar ni arriesgarse, es un problema muy grave que el gobierno federal no se ha preocupado por resolver en años y meses recientes en esta región.
LLAMADO A LAS AUTORIDADES
Es por estas y otras razones que los empresarios del sector inmobiliario de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas hacen un llamado al gobierno federal para transparentar los motivos de las clausuras y atender las necesidades de la industria, que genera importantes ingresos económicos y cientos de fuentes de empleo directas e indirectas en esta región del occidente del país.
