By LA MIRADA INCÓMODA
“El agua es la fuerza motriz de la naturaleza”: Leonardo da Vinci.
Por Alfredo César Dachary – cesaralfredo552@gmail.com
Parece un cuento, pero es real, México ha perdido la isla Bermeja, ubicada a unas cien millas al norte de la Península de Yucatán, en aguas del Golfo de México y no hay rastros de ella ahora.
De encontrarla, ahora ya es tarde, le hubiera permitiría a México desplazar hacia el norte el límite de las aguas territoriales en el golfo de México colindantes con las de Estados Unidos, lo que posibilitaría a los mexicanos hacerse con la soberanía de cuatro quintas partes de la zona del Hoyo de la Dona occidental, una región del Golfo de México con grandes reservas de petróleo, gases y minerales, ¿pero desapareció?
Para México, que en siglo XIX fue despojado de cerca de la mitad de su territorio por el naciente impero norteamericano, no sería algo nuevo, ya que las apetencias territoriales aún están muy vigentes y esperando que se dé el momento como ocurrió con Santana, para dar el paso siguiente.
En el siglo XIX en las negociaciones del tratado Guadalupe – Hidalgo, surgen ofertas para comprar gran parte de la península de Baja California. En 1864, en plena invasión francesa de México para imponer a Maximiliano como emperador con el apoyo de la iglesia católica afectada por la pérdida de sus grandes latifundios, era resistida por Benito Juárez como presidente legítimo, pero sin fondos federales para mantener el ejército.
En esa situación extrema aparecen Jacob P. Leese y Santiago Viosco, ambos ciudadanos de Estados Unidos, quienes pretendían rentar las tierras ubicadas entre los 24° a 31° Latitud norte, para colonizarla con inmigrantes traídos por ellos y crear colonias en esta región, y que pagarían como renta 100,000 dólares.
La colonización se realizaría por inmigrantes traídos de Estados Unidos para crear colonias agrícolas y por el contrato se obligaban a que, en un plazo de cinco años a partir de la firma de éste, tendrían que tener asentados como mínimo 200 familias, en las colonias agrícolas a fundar para no perder el contrato.
Al concluir el plazo de las otras explotaciones incluidas en el contrato, como la salinera del Carmen, Ojo de Liebre y San Quintín y terminar el tiempo de sus contratos, esas salineras pasarían a ser explotadas por las colonias creadas y pagarían por tonelada extraída.
El contrato de “colonización” duraría 20 años y por ello el Estado recibiría 300,000 dólares como adelanto, y al finalizar el contrato, podrán los empresarios poseer un máximo de tres leguas cuadradas. Leese y su gente descubren en los llanos de Magdalena, una planta tintórea, la orchilla de gran demanda en el mercado europeo la cual comienzan a explotar.
Ante al fracaso de la colonización dirigida, Juárez ya consolidado en el poder, cancela la concesión y ofrece como negocio una nueva opción: explotar la orchilla y en 1878, vencido este contrato y estando en el poder Porfirio Díaz, éste le ofrece los terrenos a Joseph P. Hale, que los toma, pero no logra desarrollar el proyecto plenamente y si generar un gran daño ambiental por la tala indiscriminada de los árboles de la tintorera.
Ésta es una larga historia de más de tres décadas del siglo XIX, en la que están en juego la Baja California y el istmo de Tehuantepec, dos lugares estratégicos para el emergente Estados Unidos, que descubre en las grandes extensiones antes de México, oro y muchas riquezas naturales más, y ella había obligado a buscar un paso alternativo al Pacífico por Nicaragua, operado por la empresa que dirigía el magnate Vanderbilt a partir de 1846.
La lucha por los territorios estratégicos incluía el mar que los integraba, y allí resalta la obra de un importante investigador y jurista mexicano Jorge A. Vargas, defensor de los derechos del país ante las apetencias extranjeras, de tristes recuerdos.
Vargas abordaba las discusiones doctrinarias de la “propiedad” sobre las “aguas” del mar territorial y el “dominio directo” de todos los recursos naturales de la plataforma continental. La balanza se inclina a favor de internacionalistas como César y Bernardo Sepúlveda, quienes han expuesto que la idea de propiedad o dominio, relacionada con el derecho privado, no es suficiente para aclarar el alcance real de los derechos que ejerce el Estado ribereño, en virtud de que son justamente los enfoques ligados al ius imperium los que explican de mejor manera la titularidad y autoridad sobre los espacios marinos.
Vargas encuentra el enfoque constitucional centrado en la “propiedad” como contrario al derecho internacional, en lo que se refiere a las aguas interiores, mar territorial y plataforma continental, argumentando que el Estado ejerce “derechos de soberanía” para la exploración y explotación de los recursos naturales y, por tanto, la Constitución debería ser reformada.
Las zonas marinas mexicanas y su régimen conforme a la Ley Federal del Mar (LFM), formulada con el objetivo de poner en “simetría” a la legislación interna con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) fruto de uno de los momentos más brillantes de la diplomacia mexicana.
Al analizar cada una de las zonas marinas nacionales, y al referirse a las “aguas marinas interiores”, destaca la progresiva “mexicanización” del Golfo de California, la cual culmina con el advenimiento de la Zona Económica Exclusiva. Además de analizar con cuidado al mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva, subraya el valor energético de la plataforma continental en el Golfo de México y confiere especial atención al Tratado entre México y Estados Unidos del año 2000, mediante el cual se delimitó la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas en el denominado “Polígono Occidental”.
El Dr. Vargas considera los objetivos primordiales de la Ley Federal del Mar, y a la vez se lamenta que a la fecha no se ha emitido el reglamento respectivo, tal como lo señala repetidamente su propio articulado.
En cuanto al origen y naturaleza jurídica del concepto de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), Vargas señala que dicho espacio no corresponde ni al mar territorial, ni tampoco a altamar y que su reconocimiento en el plano internacional constituye uno de los triunfos diplomáticos más importantes de los países en desarrollo logrados a lo largo del siglo XX.
En la Conferencia y Declaración de Santo Domingo de 1972 donde se acuña el concepto de “mar patrimonial” el cual representa el anclaje de lo que posteriormente se denominó, a iniciativa particularmente de los Estados de África, como Zona Económica Exclusiva en la Convención de 1982.
El proceso interno e internacional condujo a México a establecer la ZEE mediante un Decreto de 1976, y la delimitación marítima con terceros Estados.
En cuanto al primer tema, el autor advierte que México emprendió en 1976 un “riesgo calculado”, basándose en documentos preliminares de la III CONFEMAR, en virtud de una norma de derecho internacional consuetudinario originada de un proceso de formación “instantáneo”.
El capítulo examina también las delimitaciones marítimas entre México y sus vecinos; a saber y en ese orden: Estados Unidos, Cuba y Honduras. Menciona como temas pendientes la delimitación con Guatemala y con Belice. En lo que toca a Estados Unidos, resalta la importancia de la utilización de las islas como puntos base, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico.
El régimen jurídico que actualmente rige la conducta de la investigación científica (ICM) en zonas bajo la soberanía o jurisdicción del Estado ribereño se ubica entre las cuestiones más innovadoras y delicadas que se incorporaron al corpus moderno del derecho del mar. Incorporado en la Parte XIII de la CONVEMAR, intenta privilegiar el consentimiento del Estado costero y no diferencia prima facie la investigación “fundamental” y la “aplicada”, cuya separación es más tenue frente a las investigaciones con fines biotecnológicos.
Para el Dr. Vargas, México es un país de islas de gran importancia histórica, diplomática y científica; sin embargo, lamenta que en la realidad se encuentran gravemente olvidadas y sin articularse al desarrollo económico y comercial de la nación. Critica la ambigüedad del artículo 48 de la Constitución en torno a qué islas, cayos y arrecifes dependen de la Federación y cuáles a la jurisdicción de las entidades federativas como una causa de afectación al desarrollo económico insular.
En 1986, México promulga su Ley Federal del Mar, siendo el primero y más comprensivo documento legislativo nunca antes formulado en México, sobre la historia jurídica en materia de sus mares y océanos. Este estatuto estableció el régimen legal que gobierna cada una de las regiones sobre las que México ejerce control soberano para cada una de las zonas marítimas que rodean su geografía continental, denominando las aguas interiores, el mar territorial, las zonas contiguas, la zona económica exclusiva y la plataforma continental.
La Organización Mundial de Comercio y Desarrollo (OCDE) ha señalado que el 55% del Producto Interno Bruto Mundial (PIB mundial), proviene de los recursos del mar y sus zonas costeras, principalmente por el uso y explotación del transporte marítimo, la pesca, el turismo, los puertos, petróleo, gas natural, minerales, etc.
En el 2011, Vargas señala que México Continental tiene una superficie de 1´964,375 km2, y que México Oceánico tienen una superficie de 3´149,920 km2. Esto significa que la soberanía nacional corresponde a un 38.41% de soberanía continental y a un 61.59% de soberanía oceánica.
En el Siglo XXI, éste es el nuevo escenario para el sector político, diplomáticos, académicos, catedráticos, investigadores, científicos y técnicos y ciudadanía en general, sobre la importancia de los mares y sus costas para el futuro de México en lo social, lo económico, lo ecológico, tanto internamente como frente al concierto internacional.
El Presidente Luis Echeverría Álvarez planteó declarar aguas territoriales al Golfo de California, pero no lo han permitido las políticas norteamericanas.
No se concretó la venta de California a mediados del siglo XIX, pero Estados Unidos obtuvo el “derecho de vía” por todo el Mar de Cortés, y actualmente es considerado como aguas internacionales.
Los políticos actuales están trabajando un proyecto de ley, pero poco se ha comunicado a la sociedad, por miedo a un nuevo fracaso, como los tenidos a lo largo del siglo XX.
