By Por Eugenio Ortiz Carreño/Bahía de Banderas
El fondo del problema del transporte en Nayarit, está en un viejo acuerdo del ex gobernador de Nayarit, Rigoberto Ochoa Zaragoza, que permitió o fomentó la confrontación de transportistas nayaritas en contra de transportistas de Puerto Vallarta, y dio origen al cobro de la “mona” que es en realidad una extorsión a los transportistas que se atreven a cruzar el río Ameca.
Así lo consideran abogados y directivos del transporte que conocen el problema que ya es histórico y que se traduce en los negativos y tradicionales bloqueos de parte de taxistas nayaritas, en contra de los transportistas turísticos, a los que no les vale contar con un permiso federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Dicho permiso les autoriza a recoger pasaje tanto en el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta, como en la terminal marítima, para llevarlos a hoteles de Nuevo Vallarta o Punta de Mita. En teoría sus servicios son contratados por agencias de viajes en Estados Unidos, que ofrecen precisamente un servicio de calidad, con vehículos de reciente modelo y con choferes que hablan inglés.
Por cuestión de responsabilidad las agencias no contemplan la contratación de taxistas y por eso optan por transportistas que brindan el servicio que ellos requieren. Sin embargo, los taxistas consideran eso como competencia y cuando los transportistas van por el pasajero a los hoteles para llevarlos al aeropuerto, los bloquean.
Ante tal actitud, un total de 120 transportistas decidieron acudir al amparo de la justicia federal, en contra de estas prácticas de taxistas agremiados en la ACASPEN o en otras organizaciones, que recurren a estas prácticas ilegales. El colmo es que funcionarios de la Secretaría de Movilidad se alían a los taxistas y no dan curso a las quejas y denuncias de transportistas.
El propósito de la Secretaría de Movilidad, es obligar a transportistas a sacar un permiso de turismo estatal, sin dar reconociendo ni validez al permiso de transporte federal que les da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como si Nayarit fuera un país independiente, un territorio aparte, y como si la federación no tuviera nada que ver con la aplicación de ese tipo de permisos.
Por eso la Secretaría de Movilidad en Nayarit pone muchas trabas ante las quejas del cobro de “mona” que asciende a 800 pesos para dejarlos trabajar. Ese cobro carece de legalidad y los transportistas y el turismo es el que lo paga. Ese dinero que cobran los taxistas, nadie sabe a dónde va a parar
En realidad, es un “cobro de derecho de piso” ilegal, es una extorsión, puntualizan directivos transportistas y por eso buscan la forma de que a través de los amparos le den respuesta formal en la Secretaría de Movilidad, que hasta ahora permite este tipo de abusos y está enterada.
Se supone que ese cobro va a dar al pago de la iguala mensual que le dan los taxistas a la Secretaría de Movilidad y es una larga historia que viene desde Rigoberto Ochoa Zaragoza, quien hizo el acuerdo entre organizaciones y se quedó como si fuera LEY. Ahorita el amparo se gestiona para una organización de 120 prestadores de servicios turísticos, agencias y guías de transporte de lujo, con sede en Puerto Vallarta y en toda la Bahía de Banderas.
