By + La oportunidad que se nos presenta es trabajar de la mano, autoridades de los tres niveles de gobierno, empresarios y particulares para planear lo que le conviene a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas
La inversión en bienes raíces siempre ha sido un vehículo positivo para resguardar capital y crear patrimonio; esto gracias a que diversos factores, como la plusvalía, brindan múltiples beneficios a esta inversión, a pesar del contexto económico y sus retos. La vivienda es de nuestras necesidades más básicas y sin ella nuestro acceso a otro tipo de necesidades podría complicarse. A través del sector inmobiliario podemos transformar a México, sobre todo hoy que la industria está más que presente en el mundo digital.
El negocio inmobiliario, del cual forma parte la vivienda, es complejo. Como en todo negocio, no hay posibilidades de invertir y asumir riesgos, si a cambio no se tienen expectativas de recibir utilidades. Por esa razón, el crecimiento del sector vivienda se fundamenta en la obtención de utilidades para los desarrolladores y constructores de vivienda y en la plusvalía para quienes la compran.
La plusvalía es el incremento del valor comercial de los bienes inmuebles en el tiempo; por lo tanto, es el fundamento de una inversión. Un requisito indispensable para que una vivienda se convierta en un activo patrimonial consiste en que dicho bien aumente su valor y la inflación sea baja para que dicha valía no sea disminuida por la pérdida del valor del dinero en el tiempo. Si hay plusvalía, existe la posibilidad de crecimiento social, ya que, quien haya adquirido una vivienda podrá venderla y aspirar a comprar otra de mayor precio.
Este proceso se convierte en un ciclo virtuoso que estimula la construcción de viviendas e incrementa el patrimonio familiar. En cambio, la minusvalía da origen a una crisis. Cuando ello sucede, los precios de las viviendas disminuyen generalmente durante una recesión económica, lo que desencadena una crisis familiar y una crisis en el sector de la vivienda. La complejidad del rubro inmobiliario se debe principalmente a su relación con múltiples sectores de la economía. Uno de ellos, es la regulación en materia de desarrollo urbano.
Es el caso, que el pasado 4 de abril se publicó una serie de reformas sobre este tema en Nayarit. En particular, nace en la vida jurídica la Ley de Fraccionamientos de Nayarit, la cual deroga los artículos relativos en la todavía vigente Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. Si bien es necesario actualizar la regulación, considero que la Ley de Fraccionamientos, adolece de un vicio de inconstitucionalidad al obligar a obtener autorización por parte del Ejecutivo del Estado de Nayarit, lo cual contraviene el artículo 115 de la Constitución General.
Es cierto, que al ser un bien necesario, se justifica la intervención del Estado para que las familias de escasos recursos económicos tengan acceso a una vivienda digna. La vivienda es un eje primordial de la política social, ya que constituye un elemento que da fundamento al bienestar de la población de una nación. Sin embargo, no debemos descuidar el régimen constitucional aplicable al país y sobre todo el principio de división de poderes, por el cual, se distribuyen facultades a la Federación, Estados y Municipio, siendo el desarrollo urbano, competencia municipal.
Como satisfactor de necesidades humanas y como parte de la industria de la construcción, el sector vivienda es piedra fundamental de la economía de un país. Es más, debido al elevado monto de recursos económicos que se requieren para la edificación o adquisición de una vivienda, el desempeño de este sector está íntimamente vinculado con el sistema financiero. Por ende, las cuestiones relacionadas con la vivienda constituyen un instrumento político de gran relevancia.
Esto puede analizarse históricamente, en los momentos en que ha quedado patente la incidencia de este aspecto en una sociedad. Una crisis en el sector vivienda genera efectos devastadores en toda la actividad económica y productiva, como sucedió durante la crisis financiera internacional en 2008, año a partir del cual se generó una situación de fragilidad económica y financiera en el mundo y que, con altibajos, continúa. Aunque hoy en día, las trabas en la resolución de trámites administrativos para obtener las licencias de urbanización o de construcción, limitan la satisfacción de la demanda.
Es fundamental comprender que el proceso de formación de patrimonio, a través de la compra de una casa, no es un acto espontáneo; en la actualidad, es un proceso que no debe dejarse de lado, por las oportunidades que representa.
La oportunidad que se nos presenta es trabajar de la mano, autoridades de los tres niveles de gobierno, empresarios y particulares para planear lo que le conviene a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ya que es casa de todos.
(*) Maestro Fernando Castro Rubio, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
