By + Junto con la Sociedad Civil Libre y Organizada
+ En una verdadera y real democracia es un valor institucional tener un contrapeso judicial. Y para tener contrapesos y división de poderes, el único poder que nos queda como ciudadanos es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí, la importancia de su defensa desde la ciudadanía
+++++
Con la marcha desde Puerto Vallarta para defender a la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Jorge Villanueva Hernández ve positiva la participación de la ciudadanía que lucha por las libertades, la pluralidad y la democracia del país. Que al tener un Poder Legislativo apegado a la voluntad del Primer Ejecutivo, reconoce la honestidad y valentía de la ministra presidenta Norma Piña para enfrentar a esta administración federal que se ha distinguido por atacar a toda institución o poder que no se someta a sus designios.
+++++
En la marcha del domingo pasado en Puerto Vallarta, donde la ciudadanía se sigue expresando en forma pacífica y respetuosa y, donde nos encontramos marchando gente diversa; adultos mayores, la mayoría portando sus bastones de apoyo, parejas de jóvenes con sus carriolas, con sus hijos menores y jóvenes mayores de 18 años; pero en lo personal me llamaron la atención los jóvenes menores de 18 años.
Tuve el honor de platicar con estos jóvenes que en el 2024 por cuestiones de edad no votarán y, su pregunta fue de vital importancia, ¿por qué defender a la Corte? Les dije que nuestra Carta Magna, que es la Constitución, claramente divide los poderes de nuestra República en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y, que el mandato constitucional es que los poderes sirvan de contrapeso, unos a otros, para garantizar la democracia en nuestro país.
Que en estos momentos tenemos al Poder Legislativo en la fracción morenista, del partido verde y del partido del trabajo en total sometimiento a los designios del Poder Ejecutivo. Que estos legisladores han olvidado el juramento de respetar y hacer cumplir nuestra constitución, que se han convertido en la ventanilla de trámite del Primer Ejecutivo, donde la orden es “no cambiar ni una coma”. De tal forma que el único poder que nos queda como ciudadanos amantes de las libertades, de la pluralidad y de la democracia, es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Que esta administración federal se ha distinguido por atacar a toda institución o poder que no se someta a sus designios. Todas las mañanas arrecian las embestidas e improperios contra la Corte desde Palacio Nacional, generando con esto un linchamiento de las bases de la 4T que como manadas festejan jubilosas la consigna “No me salgan con que la Ley es la Ley”.
Hemos llegado a escuchar de los legisladores, de obradorisar el Poder Judicial, nunca antes en la vida de nuestro país se había escuchado tanta bajeza de un legislador en favor del Presidente de la República. En una verdadera y real democracia es un valor institucional tener un contrapeso judicial que esté permanentemente pendiente y atento para señalar aquellos actos que pudieran estar fuera del marco constitucional.
Un presidente democrático vería en la Corte un poder aliado en el combate a fondo contra la corrupción, entendería que los integrantes de nuestro tribunal constitucional deben de ser artífices en la construcción de un mejor país, a través de la defensa de los derechos humanos y de la división de poderes.
La ministra presidente de la Suprema Corte, Norma Piña, ha demostrado aparte de ser honesta a toda prueba, ser una mujer valiente y ha sido muy explícita en manifestar que el trabajo de los juzgadores no está enfocado en ser populares entre la población, sino en trabajar en favor de la ley.
Categóricamente Norma Piña ha manifestado, “es muy importante distinguir entre la necesaria legitimación social que se requiere en las instituciones públicas, del uso de instituciones públicas como un medio para obtener aprobación social. La diferencia podría parecer sutil, pero no lo es”.
Y, agrega “no habrá confianza, no habrá aceptación, no habrá credibilidad ciudadana, si el actuar de la institución pública no se traduce en acciones concretas que redunden en un beneficio social”.
(*) Jorge Villanueva Hernández, empresario e inversionista en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
