By OPINIÓN
Por Jorge Bátiz Orozco
Aunque parezca increíble, es cierta la situación que viven algunos desarrolladores en la región, los cuales siguen sufriendo de la burocracia y de la apatía de las autoridades respecto al atorón de 22 obras de construcción que siguen detenidas por obra y gracia de la negligencia de las autoridades correspondientes.
La Semarnat tiene bloqueados desarrollos por más de seis millones y medio de pesos y ni se inmuta provocando no solamente un daño letal en los constructores sino en todo el sector inmobiliario, ya que este tipo de situaciones crean incertidumbre en clientes e inversionistas.
El delegado en Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Raúl Rodríguez, ya fue denunciado por empleados de la dependencia por hostigamiento y acoso laboral ante la Contraloría interna, la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Los empresarios están cansados de demostrar que el trámite que se les exige es improcedente y que están al corriente con sus obligaciones tanto de construcción como del medio ambiente, permisos y licencias y todo lo que requieren cumplir para proceder a la creación de sus desarrollos.
Los números en contra de los desarrolladores son contundentes, 352 millones de dólares en construcciones detenidas, 100 millones de impuestos que han dejado de entrar al municipio y que afectan directamente a la ciudadanía y 4 mil 400 trabajadores que se quedaron sin empleo ante el paro de las obras en cuestión.
Si esto no es alarmante y prioritario para el gobierno entonces qué diablos lo es, sería la pregunta en el aire ante una administración que sigue dejando qué desear y unos organismos como la Semarnat cuyas funciones no son entorpecer el crecimiento y desarrollo de los municipios.
La parte afectada habla de un grave daño ocasionado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales al detener 22 obras en construcción, que ya superan los 350 millones de dólares.
La clausura de las obras, que más parece un acto de persecución inició en el año 2021 y hasta la fecha las obras siguen paradas sin que se resuelva el conflicto que no tiene razón de ser, a decir de los desarrolladores quienes aseguran que les están exigiendo trámites improcedentes por parte de Semarnat y Profepa.
Semarnat y Profepa argumentan y acusan que los constructores no cumplieron el MIA (Manifestación de Impacto Ambiental), y lo peor de todo, es que los desarrolladores aseguran haber realizado el trámite sin que se les dé respuesta hasta el momento.
Es decir, les piden un trámite, lo realizan y después no se los reciben, vaya apología de la intransigencia y el absurdo, ya que, además, estas dos características en el actuar de las autoridades generan pérdidas millonarias.
El simple hecho de que no son desarrollos que estén frente a la playa, nos les obliga a contar con el MIA, dijeron tajantes los desarrolladores.
Aun cuando demostraron que no les obliga, los constructores realizaron el trámite con un costo de 20 mil pesos, y ni así les liberaron sus obras, lo cual es totalmente incongruente y pérfido, indicó uno de los afectados al ser entrevistado.
Por su parte, el desarrollador Félix García dijo que le parecía muy extraño que en ningún otro destino sucedan este tipo de irregularidades por parte de Semarnat, ya que la responsabilidad recae en el ayuntamiento municipal, lo que apunta a un acto de corrupción.
E incluso se hacen el harakiri, ya que la administración municipal ha dejado de percibir más de 100 millones por concepto de impuestos por esta situación que afecta a todo el destino en general directa o indirectamente.
Ante tanta negligencia e inoperancia ahora sí entra aquí la frase chapulinesca “y ahora, quién podrá defendernos”.
Hasta la próxima…
