Por Salvador Mateo Martínez (*)

De acuerdo con una publicación disponible en el portal del Banco Mundial con fecha 20 de noviembre de 2012, México es uno de los países en el mundo más expuestos a riesgos naturales de todo tipo, con más de 90 sismos al año con magnitudes de 4.0 grados o más en la escala de Richter. El país tuvo que aprender una muy dura lección con el terremoto de 1985, que dejó miles de personas muertas y pérdidas estimadas en 11,400 millones de dólares.

El Banco Mundial señala, la destrucción que dejó aquella catástrofe forzó al gobierno a usar sus recursos para la reconstrucción, en lugar de expandir la infraestructura del país. Con tanta vulnerabilidad frente a los desastres, México ha tenido que prepararse para proteger los ciudadanos y la economía, por eso el gobierno mexicano creó el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), su fondo de desastres naturales.

El Fonden fue creado por José Ángel Gurría Treviño, secretario de Hacienda y Crédito Público, a finales de julio de 1999 para atender los efectos adversos originados por los desastres naturales en el ámbito del gobierno federal de manera coordinada con los gobiernos estatal, municipal y del entonces Distrito Federal.

Cada año, el fondo recibía aportaciones de los remanentes generados de cada ejercicio fiscal, así como una asignación presupuestal, donaciones y los rendimientos generados por la inversión. Contaba con un comité técnico y reglas de operación para el reparto del dinero después de los desastres naturales, que han azotado desde aquel entonces a México.

Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) era encargada de hacer las declaratorias de emergencia por un desastre natural. Ese dinero era dispersado y entregado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien era la encargada de hacer padrones de beneficiarios como ocurrió en los sismos de septiembre de 2017.

A estas alturas nadie puede dudar que cuando ocurre un desastre natural, los pobres son las principales víctimas. Por lo que tan solo con la creación del FONDEN es posible notar que las políticas de los gobiernos anteriores eran menos irresponsables, pues no estaban abocados únicamente a destinar recursos del erario público a la compra de conciencias, sino también para atender problemas que efectivamente afectan más a la población mexicana más vulnerable como los que no tienen una vivienda construida con materiales más resistentes, los que viven en zonas de riesgo al no tener otra opción dada su situación económica. 

Los mexicanos no perdemos de vista en ninguna circunstancia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador con el pretexto que había corrupción eliminó de un plumazo los recursos del FONDEN y ahora los afectados por desastres naturales de todo tipo, han quedado prácticamente a su suerte para recuperar pérdidas materiales y afrontar las consecuencias de la pérdida de vidas humanas.

Pero, AMLO no satisfecho con haber eliminado el FONDEN en 2020, envió a la Cámara de Diputados a principios de este mes de octubre una iniciativa de Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres. Esta iniciativa obliga a las entidades federativas y municipios a asignar recursos en sus presupuestos para hacer frente a situaciones de emergencia y desastres naturales.

En días recientes, una parte del pueblo jalisciense sufrió las consecuencias de la furia de la naturaleza. El Huracán “Lidia” debido a su paso por las Costas de Jalisco, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) reportó que resultaron con daños estructurales y con afectaciones de menaje mil 839 viviendas de Cuautitlán de García Barragán, Unión de Tula, Casimiro Castillo, Cabo Corrientes, Cihuatlán, Tomatlán, Autlán de Navarro, Mascota y Talpa de Allende, municipios más perjudicados por el fenómeno meteorológico.

Asimismo, “Lidia” afectó al menos 95 planteles pertenecientes al sistema de educación en el Estado, según reportes de la Secretaría de Educación Jalisco. La dependencia estatal señala que se trata de láminas que se volaron, por perder el suministro de energía eléctrica, muchos casos solo se tratan de limpieza.

Tras tocar tierra la tarde del martes 10 de octubre en Jalisco, el Huracán “Lidia” provocó la muerte de un hombre en Pihuamo. El fenómeno meteorológico degradado ya a baja presión remanente dejó también afectaciones importantes en Autlán de Navarro, donde se inundó el hospital regional y falleció un hombre de edad avanzada tras ser trasladado del hospital regional del municipio al nosocomio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la misma demarcación.

Luego del paso del fenómeno meteorológico, la población de Puerto Vallarta regresó a sus actividades, pero aunque la tarde del jueves 12 de octubre estuvo asoleada a las 18:00 horas cayó una intempestiva tormenta en la ciudad que desbordó dos arroyos, lo que causó el arrastre de vehículos, personas y varamientos de ciudadanos en distintos puntos, provocando un caos que afectó comercios, viviendas y turistas. El centro turístico quedó inundado en cuestión de horas y sin energía eléctrica. A tres días de escribir estas líneas, en muchas centros educativos y poblaciones del municipio turístico aún no se restablecía el suministro de electricidad,

Frente a los daños y muertes por “Lidia”, el pueblo de México le debe quedar claro que urge el FONDEN eliminado por AMLO. No  puede conformarse con las dádivas ni los discursos consoladores del presidente de que la tormenta no causó daños mayores, como siempre apostándole a la buena suerte.

Los jaliscienses y todos los mexicanos afectados por “Lidia” y otros fenómenos meteorológicos deben unir fuerzas para que en forma organizada exigir la restauración del Fonden, el que no sólo tiene que ser un fondo especial, sino también lo suficientemente robusto para enfrentar cualquier tipo de desastre natural en el momento en que sea necesario. Debe ser un fondo duradero y no depender del presupuesto gubernamental regular, ni mucho menos de la buena voluntad del mandatario federal en turno. Solo así se podrá garantizar una respuesta efectiva ante las emergencias y desastres.

(*) Vocero del Movimiento Antorchista en Jalisco.

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