By OPINIÓN
Por Carlos Enrique Návez Luis (*)
Es del conocimiento general, de la ciencia y de las instituciones que, dada la ubicación geográfica de México, éste se encuentra expuesto al riesgo permanente de enfrentar contingencias derivadas de fenómenos naturales como huracanes, sismos, actividad volcánica, inundaciones, deslaves, incendios y sequias, que junto al crecimiento de la población que reside en las zonas de alto riesgo requiere una atención especial por parte del gobierno, tanto en materia de personal como de recursos públicos. México es considerado por la ONU como uno de los países con mayor riesgo por fenómenos naturales.
En 1996 se comenzó a diseñar el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), que, a decir de Fausto Hernández Trillo, uno de los diseñadores del FONDEN, la motivación se tomó de los desastres que azotaron la Península de Yucatán, Tabasco y Veracruz en 1995, lo cual se aunaba a la crisis económica que tuvo México en ese año. El gobierno tuvo que resignar presupuesto para reconstruir gran parte de la infraestructura pública (carreteras, edificios, sistema eléctrico, etc.), así como para apoyar a los sectores más marginados. Y sería hasta 1999 cuando se instrumentaría este fondo con sus reglas de operaciones.
Desde su creación, el objetivo del FONDEN fue la autorización y aplicación de recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, que permita apoyar a los estados, dependencias y entidades cuando los daños ocasionados superan su capacidad financiera y operativa dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, así como también en mitigar los daños ocasionados a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por los fenómenos naturales, es decir, se creaba un fondo para atender los daños ocasionados a la infraestructura pública y a los sectores de más bajos ingresos con el propósito de ayudar a su recuperación, principalmente en vivienda.
Sin embargo, después de operar durante veintiún años, el gobierno de López Obrador, a través de la bancada del partido Morena en la Cámara de Diputados, eliminó el fideicomiso del FONDEN con la excusa de que era un instrumento plagado de corrupción, una “caja chica millonaria” con la cual se compraba a precios elevados. A partir de 2021 el recurso del fondo comenzó a vaciarse con alrededor de 35 mil 140 millones de pesos a finales de 2020, a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En su lugar quedó un programa con el mismo nombre, que se encuentra sujeto a la transferencia directa de recursos de la SHCP a las dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional o a los estados, según declaraciones de la misma SHCP.
Nos encontramos ante la imposición de los caprichos de López Obrador quien, como se sabe y se ha visto, controla la asignación de presupuestos a través de la SHCP. Su lema de combate a la corrupción solo es un membrete para poder utilizar a su disposición los recursos que anteriormente se podían destinar automáticamente para los casos de emergencia como los desastres naturales. Cada año se observa como cada vez más los recursos públicos se dirigen indiscriminadamente a los “proyectos especiales” de López Obrador: AIFA, Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, los cuales han costado la mayor parte del presupuesto de los últimos cinco años de las que no se ha visto ningún beneficio directo para los sectores más humildes. En el caso de los recursos del FONDEN, durante 2021 y 2022 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presupuestó más de 17 mil 700 millones de pesos al FONDEN, sin embargo, solo se usaron mil 727 millones para el propósito del fondo, mientras los 16 mil restantes se destinaron a los proyectos emblemáticos de este gobierno (El Universal, 2023).
Año tras año se observa cómo los desastres naturales acaparan gran atención por el impacto significativo en la población mexicana. Este año, casos como la actividad volcánica del Popocatépetl, los sismos registrados en la zona centro y costera sur del país, los huracanes Lidia, Norma y, el más reciente, Otis, demuestran el riesgo constante al que se enfrenta la población. Si de por si el pueblo mexicano sufre atrocidades como la pobreza, la delincuencia y la marginación, ahora el impacto de los desastres naturales suma una nueva tragedia.
Es momento que el pueblo de México despierte, abra los ojos, y se dé cuenta de que a 5 años del inicio del gobierno de López Obrador se ha demostrado que nunca fue un gobierno del pueblo, por lo que es necesario que se forme y se consolide uno realmente emanado del pueblo y que gobierno para éste. De lo contrario, seguiremos pagando los de siempre: los más pobres.
(*) Integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Jalisco.
