By OPINIÓN
Por Jorge Berry (*) – m.jorge.berry@gmail.com
Se habrán enterado del escándalo en torno a la patinadora rusa Kamilla Aliyeva. Dio positivo en un examen antidoping hace seis meses, y aunque de entonces para acá pasó sin problema varios exámenes más, el Comité Olímpico Internacional quería prohibir su participación en la final de patinaje artístico femenil. Aliyeva es la primera mujer que logró dar saltos de cuatro giros en competencia. Tiene apenas 15 años.
El caso fue a dar al Tribunal Internacional Deportivo, organismo independiente al que recurren los atletas con sus apelaciones, y el Tribunal concedió a Aliyeva la suspensión de las sanciones. Como menor de edad, no se puede responsabilizar de las drogas o medicamentos que su equipo le suministre. Además, cuestionó que se diera a conocer el resultado positivo justo ahora, en vísperas de su actuación.
Fue triste ver el resultado. En las competencias por equipos, Valiyeva maravilló al mundo con su patinaje, con saltos impecables, con gracia y elegancia. Llevó al equipo ruso a la medalla de oro. Pero ahora, con todo el escándalo encima, la presión acabó aplastando a la jovencita rusa. Sufrió dos caídas, y trastabilló varias veces en la ejecución del programa largo. Con ello cayó hasta el cuarto lugar, y no alcanzó medalla. Kamilla pagó el precio de la política deportiva de su país, que busca siempre obtener ventajas a través del uso de estimulantes. En esto, los rusos siempre han sido tramposos. Algo podrido hay en el sistema ruso, que victimiza y usa a los individuos sin ninguna consideración por su salud física ni mental.
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Ayer jueves despertó el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. Con la asistencia de unas 4 mil personas, comenzó la convención de la empresa Century 21. Esta empresa, ya transnacional, es líder en el ramo inmobiliario. Sus anuncios de venta están por todos lados, y tienen literalmente a miles de agentes de ventas operando el mercado de bienes raíces.
Lo anterior no sería ni tema de esta columna, si no fuera porque un evento de ese tamaño significa que el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, que dirige Magaly Fregoso, y que es una instalación excepcional, que fue duramente castigada por la pandemia, por fin vuelve a operar. Muchos describen al CICV como un “elefante blanco”, pero lo cierto es que es una obra de primera magnitud que se debe aprovechar.
Hace unos meses entrevisté a Magaly, y comentaba que la situación jurídica del Centro era confusa, y que ello le impedía obtener los fondos necesarios para su mantenimiento. Asumo que el problema se solucionó, porque para que una empresota como Century 21 haga aquí su convención, es que se aseguraron de que las instalaciones estén a la altura. Enhorabuena, y a redoblar esfuerzos para atraer más convenciones de ese tamaño.
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No es la primera vez que esta columna se ocupa, con preocupación, del crecimiento del ambulantaje en Puerto Vallarta. Me tocó vivir cómo el ambulantaje cambió de manera permanente el perfil de la CDMX, cómo propició la creación de grupos de extorsión, que aprovechan la necesidad de la gente, dándoles garantías que consiguen a través de acuerdos políticos con las autoridades, y que no siempre se cumplen. Se vuelven una pequeña (o gran, según el tamaño de la población) mafia.
Por supuesto que el comercio ambulante no opera con permisos. Opera con arreglos. Esto lo aprendieron bien en CDMX. El jefe designa espacios a los comerciantes, y les cobra una cuota.
Por su parte, el jefe se compromete a que sus agremiados voten en las próximas elecciones por el partido en el poder.
Pero mientras, los comercios establecidos sufren. Ellos sí pagan impuestos y servicios. Pagan la luz, no se cuelgan con diablitos ante la complaciente mirada de las autoridades. Pagan rentas y crean empleos, y con ello, mueven la economía.
Claro que los ambulantes también son ciudadanos, y deben tener el derecho a ganarse la vida, pero sujetándose a las reglas del juego. El ambulantaje desordenado solo conduce a la impunidad y al desorden, y lo que más necesita un destino turístico es seguridad y orden. Es obligación del gobierno municipal establecer esos principios.
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En el escándalo Loret, el presidente sigue agrediendo a los medios todos los días en las mañaneras. Su solicitud al INAI de dar a conocer las finanzas de Loret y otros periodistas fue rechazada tajantemente por los consejeros, “por improcedente”.
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El senador Ted Cruz, de Estados Unidos, difundió un tuit diciendo que el deterioro que sufre México en estado de derecho, se puede convertir en un problema para su país. Envió una carta al gobierno de México para que se tomen medidas. Este es un tema sumamente delicado.
¡Hasta el lunes, amigos de Vallarta y Bahía!
(*) Periodista, comunicador y líder de opinión con casi 50 años de experiencia profesional.
