By OPINIÓN
+ En Puerto Vallarta y Bahía de Banderas la restricción del vital líquido impacta por igual
Actualmente se considera que hay unos 30 países con presión por el agua, de los cuales 20 sufren escasez absoluta. Aquí en la región de la bahía es el tema de conversación en los diversos grupos sociales, ya sea en la zona habitacional o en la franja turística hotelera, la restricción del vital líquido impacta por igual.
En México 10 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 20 millones quedan fuera de las medidas de saneamiento. Cada día mueren cientos de personas en el mundo por causa de una severa escasez de agua potable, sobre todo en los países en África. Además, el cambio climático en el planeta está alterando el equilibrio ecológico.
¿Cuándo llega a ser un problema la escasez de agua? Se considera que los países tienen escasez cuando los recursos internos anuales de agua renovable son menores de 1,000 metros cúbicos per cápita por año.
Por debajo de este umbral, la disponibilidad del agua se considera como una restricción severa para el desarrollo socioeconómico y para la calidad ambiental.
Se necesita urgentemente una reforma de la política de agua para evitar la escasez severa de este recurso a nivel nacional, regional y local, la cual deprimirá la producción agrícola y empeorará los problemas de salud asociados con el agua.
Cabe recordar que las diversas proyecciones vaticinan que en los próximos 20 años, la población mundial rondará los 13 mil millones de habitantes en el planeta, quienes demandarán comida y agua.
La crisis global del agua en el mundo no radica tanto en problemas propiamente de escasez, sino de calidad de las aguas disponibles. De hecho, todas las comunidades se han asentado en las proximidades de un río, de una fuente natural o de un lago, o bien en lugares donde las aguas subterráneas son accesibles a través de pozos.
El problema es que, desde nuestra insaciable e irresponsable ambición desarrollista, hemos degradado esos ecosistemas y acuíferos, produciendo graves problemas de salud en la población.
Cada vez es más costoso explotar las fuentes nuevas de agua. Es posible, por lo tanto, que el agua para satisfacer la creciente demanda de los hogares y de la industria, tenga que venir cada vez más de ahorros de agua en la agricultura bajo riego, la cual representa por lo general el 80% del uso del agua en los países en desarrollo.
Para contribuir verdaderamente a reducir la escasez, la eficiencia mejorada en el uso agrícola debe venir acompañada de una mejor eficiencia en el uso urbano e industrial. Se le debe dar una mayor protección a la calidad del agua y del suelo. Es casi un hecho que el enfoque apropiado para la protección ambiental incluye tanto elementos de regulación como de mercado.
En México, la nueva ley de aguas que establece la posibilidad de negociar los derechos del agua, es la primera en establecer una fuerte protección explícita del ambiente. La ley estipula un enfoque de regulación, más que un enfoque de mercado o de impuestos y subsidios.
Cuando otorga el derecho de agua, el gobierno debe especificar la calidad de la descarga para usos no agrícolas y puede restringir el uso del agua en el evento de daño a los ecosistemas, explotación excesiva de los acuíferos y otros efectos ambientales.
Hoy, más allá del reconocimiento formal del dominio público sobre las aguas y los ecosistemas hídricos, nos encontramos ante la necesidad de reflexionar sobre los retos que imponen, tanto el nuevo paradigma de sostenibilidad, como la obligación de garantizar el acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento como un derecho humano.
En plena época de lluvias notamos que los días de lluvia son más espaciados y a la vez torrenciales que se notan en las inundaciones y anegaciones de vialidades para la circulación. Lo irónico es que cada temporada llueve la misma cantidad sólo que en menos días.
Asumir en materia de gestión de aguas los principios de equidad inter e intrageneracional, refuerza la necesidad de replantear el dominio y la gestión pública o comunitaria sobre los ecosistemas hídricos y los acuíferos, desde nuevos enfoques que garanticen la prioridad de garantizar de forma sostenible sus funciones de vida, así como los derechos humanos, incluidos los de las generaciones futuras. Pero yendo más allá, debemos afrontar el reto de diseñar y gestionar derechos de ciudadanía desde una perspectiva global.
Se deben abordar desde esa perspectiva global, el acceso a servicios domiciliarios de agua
y saneamiento de calidad, como un derecho que también debe llegar a ser de acceso universal, desde modelos de gobernanza que incentiven la responsabilidad ciudadana desde la participación y la transparencia.
Todo ello exige, en suma, diseñar y desarrollar nuevos modelos de gestión pública participativa donde se incluyan los tres órdenes de gobierno, empresariado y sociedad en general, ya que todos sufrimos la escasez de agua y somos factores de cambios para la solución.
(*) Maestro Fernando Castro Rubio, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
