EU critica peticiones de cárcel en Cuba a opositores 

Más de 90 manifestantes han sido juzgados, algunos pueden ser condenados a 25 años en prisión  

Agencias /Washington 

Estados Unidos denunció que más de 90 manifestantes vinculados a las protestas del 11 de julio hayan sido juzgados en Cuba, con peticiones de hasta 25 años de cárcel para algunos, en un tuit de este jueves del jefe de la diplomacia para las Américas. “Desde el 13 de diciembre, el régimen cubano juzgó a 90+ #11Jmanifestantes en#Cuba. El mundo ve la magnitud de estas injusticias”, afirmó Brian Nichols en Twitter. 

El diplomático denunció que se soliciten penas “de hasta 25 años, acusaciones falsas para silenciar & atroces condiciones carcelarias para manifestantes pacíficos”. El 11 de julio de este año hubo manifestaciones históricas en la isla que se saldaron con un muerto, decenas de heridos y 1,320 personas detenidas, de las cuales 698 siguen en prisión, según el último cómputo de la oenegé de defensa de los derechos humanos Cubalex. 

Acusaciones falsas de fiscales cubanos 

El gobierno cubano, que afirma que las manifestaciones fueron orquestadas desde Estados Unidos, no ha comunicado ninguna sentencia, ni ofrecido información sobre estos juicios. “Los fiscales cubanos han fabricado acusaciones falsas o injustas como sedición por las acciones de manifestantes pacíficos durante el 11 de julio en un intento de silenciar a los disidentes, sofocar futuras protestas pacíficas e intimidar a los críticos del régimen”, afirmó un portavoz del Departamento de Estado estadounidense. 

“Anticipamos que las sentencias se anunciarán por escrito entre 10 y 14 días después del juicio, comenzando entre hoy y el día de Año Nuevo”, añadió. En un audio recibido este jueves por Cubalex una mujer dice llorando: “Ya salió la sentencia, los han sentenciado a 20 años a cada uno”. 

Es Milagros Beirut y habla de Freddy y Katia Beirut, padre e hija, ambos acusados de sedición. Fueron juzgados en el tribunal del municipio 10 de Octubre. Ambos forman parte de un juicio colectivo a 18 acusados en un proceso relacionado con lo sucedido en La Güinera, un suburbio de La Habana donde se ha registrado el único fallecido de las protestas, declaró Javier Larrondo, presidente de la oenegé Prisoners Defenders. 

Milagros, sobrina de Freddy, afirmó que su tía asegura que excepto uno todos fueron condenados siguiendo las penas recomendadas por la fiscalía. “Mi tía que estaba en el juicio me dijo: ‘se ha quedado todo igual prácticamente'”, declaró Milagros por teléfono desde España, donde reside. El acusado absuelto es el esposo de Katia, Luis Yaunner, a quien condenaron al pago de una multa, explica. 

“A día 7 de diciembre había 100 en prisión preventiva y otros 19 bajo medidas cautelares, todos ellos acusados de sedición” por las manifestaciones, un delito sancionable con hasta 30 años de prisión, declaró Larrondo, quien asegura que “los tribunales están dando la razón a todos los fiscales, digan lo que digan”. 

Cuba, donde la disidencia está prohibida, acusa a Estados Unidos de instigar y financiar las revueltas, mientras el presidente estadounidense Joe Biden se refirió a la isla como “un Estado fallido que reprime a sus ciudadanos”. “El gobierno cubano parece estar cronometrando estos juicios durante las fiestas, lo que puede captar menos la atención, para ocultar sus abusos a los derechos humanos”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado. 

La isla vive su peor crisis económica en casi 30 años, con una grave escasez de alimentos y medicinas, así como un creciente descontento social que se ha materializado en una disidencia juvenil. Desde el 11 de julio y en relación con el estallido social, Cubalex afirma haber “documentado la ejecución de 46 procesos judiciales sumarios y de juicios ordinarios a 204 personas y al menos otras 204 tienen peticiones fiscales en espera de juicio”. 

Para el 15 de noviembre se había convocado otra marcha opositora en la isla, pero se frustró por el temor a una posible represión del gobierno, que bloqueó a muchos activistas en sus domicilios. Este miércoles, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que la isla es “un ejemplo de la real disidencia”, ante las críticas contra su gobierno, tanto externas como internas, por la falta de tolerancia hacia la oposición. 

“Un Estado fallido no soporta 62 años de bloqueo recrudecido en medio de una pandemia, tampoco esos golpes una dictadura”, dijo Díaz-Canel, refiriéndose al endurecimiento los últimos años del embargo impuesto por Estados Unidos hacia Cuba. “Rechazamos categóricamente esos términos con los que tratan de ponerle etiquetas a una revolución que en sucesivos actos heroicos se ha convertido en un ejemplo de la real disidencia a la hegemonía global impuesta por la dictadura del capitalismo”, añadió el mandatario al concluir el segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. 

Díaz-Canel se refirió sin mencionarlo a las críticas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, poco después de las manifestaciones del 11 de julio que sacudieron a su gobierno, que dejaron un muerto y mil 320 detenidos, de los cuales 698 aún están en prisión, según la ONG Cubalex. “Cuba es, lamentablemente, un Estado fallido que reprime a sus ciudadanos”, sostuvo Biden entonces, cuyo gobierno no ha dejado de reclamar la liberación de los detenidos por aquellas manifestaciones, en un 2021 en el que ha surgido una oleada de jóvenes disidentes en la isla. 

Así concluyeron el miércoles tres días de intensas intervenciones parlamentarias, en las que se aprobó el presupuesto y se avanzó en el código de Familias, una legislación para legalizar el matrimonio igualitario. “El interés es lograr una disposición legal atemperada a estos tiempos que refleje la realidad sociocultural y las distintas problemáticas que se manifiestan en la cotidianidad de nuestras vidas”, sostuvo el presidente sobre este código que será sometido a consultas populares entre febrero y abril del próximo año. 

Los homosexuales han enfrentado discriminación en Cuba, en especial en las décadas de 1960 y 1970 cuando eran enviados a campos de trabajo conocidos como unidades militares de ayuda a la producción UMAP. Las autoridades trataron de incorporar el tema en la Constitución aprobada en 2019, pero fracasaron ante el fuerte rechazo que generó en las Iglesias Evangélicas y otros sectores sociales. 

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