By OPINIÓN
Por Teófilo Flores Luna (*)
I DE II PARTES
Hace apenas unos días se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (PEF 2024), por quinto año consecutivo no hubo sorpresas. Estamos acostumbrados que en los últimos cuatro años los recursos que en un 30% aportan las empresas paraestatales y en un 70% aportan los trabajadores de este país, se destinen una vez más exclusivamente a la propuesta de egresos del poder ejecutivo, sin hacer caso a propuestas de los diputados no oficiales.
Es tarea de los diputados federales revisar y aprobar, con base a un criterio de equidad, el destino de los recursos públicos, con el fin de que la distribución de estos se destine a donde más se necesitan. De las más de tres mil reservas solicitadas en el pleno legislativo, solo tres presentadas por diputados de morena, fueron aceptadas. Las consecuencias de este ejercicio legislativo no serán diferentes al de los 4 años anteriores.
Se seguirá privilegiando los intereses de la llamada iniciativa privada, pero no a toda; solo a los amigos del presidente. Tiene mucha razón el presidente cuando les recuerda que en su gobierno no tienen de que quejarse, pues los empresarios no solo no han perdido un solo peso cuando había condiciones muy difíciles, como lo fue la pandemia ocasionada por el Covid-19, sino que, en esas circunstancias, obtuvieron más ganancias que en circunstancias normales.
Lo mencionamos hace cuatro años y lo recordamos ahora; por quinto año consecutivo no se atenderán los reclamos de apoyo a la vivienda popular, de apoyo a campesinos con semilla mejorada y fertilizantes orgánicos, tampoco se retomarán las construcciones de vías de comunicación en nuestra región. Las obras carreteras iniciadas a principios de la década pasada, con recursos etiquetados directamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, seguirán ahí; abandonadas, perjudicando a microrregiones enteras, posponiendo indefinidamente nuestro derecho al progreso y en general a mejorar las condiciones de bienestar al que tenemos derecho incluso constitucionalmente.
Seguiremos escuchando, las falacias puestas de moda desde el inicio de este sexenio. Se seguirá magnificando, algo completamente irrelevante económicamente, porque así conviene a los intereses del inquilino de palacio nacional, para convencer a la gente de que sus medidas económicas son realmente efectivas para resolver las necesidades de las familias en condición de pobreza. Se hace propaganda electorera y anticipada, pregonando que el próximo año se hará un aumento significativo a la pensión del adulto mayor de casi el doble de lo que ahora perciben, cuantitativamente será mejor, pero seguirá siendo insuficiente para atender las necesidades que presenta la familia trabadora. Esta no solo necesita de apoyos económicos, necesita que se distribuya mejor la riqueza social, la riqueza que crean los mexicanos con el pago puntual de sus impuestos.
Aclaramos que no estamos en desacuerdo con los apoyos que se otorgan a los sectores más desprotegidos. Pero también sabemos perfectamente bien que, es una estrategia social para aminorar el grado de inconformidad que se ha formado en los sectores más vulnerables. Desde la época del presidente Zedillo, la plutocracia gobernante sabía perfectamente que, con una mínima inversión, podía controlar la creciente inconformidad social. Por eso nació El Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) el 8 de agosto de 1997 con una cobertura inicial de 300 mil familias rurales. Como sabemos este programa se institucionalizó y les sirvió a otros tres presidentes posteriores a Zedillo; con una mínima inversión a este programa se contenía muy efectivamente la inconformidad social.
Pero un programa social exitoso para un fin concreto institucionalizado, no le servía a un político populista con aires de mesías y redentor social. Se necesitaba un programa que hiciera lo mismo, pero que fuera más barato, que además dejara la impresión en los receptores de que eran beneficiarios y disfrutaban de él gracias a la magnanimidad de una persona, la del presidente de la república. Y para lograr esto no hubo el más mínimo escrúpulo para desaparecer programas que se habían creado como apoyo para los sectores más marginados y en situación de pobreza, como se dice ahora.
Recordemos las características de este viejo programa que en un inicio llamaron Progresa. Lo inicio Zedillo y funcionó hasta el sexenio de Peña Nieto (solo le cambiaron nombre en dos ocasiones y en los últimos tres años de su funcionamiento, añadieron subsidio al consumo de energía eléctrica y al gas doméstico), lo recibían TODAS las familias con hijos en edad escolar, siendo la diferencia en el monto económico que recibían, el número de los hijos que la familia tenía estudiando. Este programa en particular, en tiempos de la 4T, se cambió por una beca “universal” y, mucha propaganda al apoyo de los adultos mayores de 65 años. Pareciera insignificante este último dato; pero no lo es; no todas las familias tienen un adulto mayor en su seno y muchas menos tienen o están a cargo de uno de “65 y más”. Y en este caso concreto, en esto reside el engaño: Se sacrificaron familias completas para solo dar prioridad a las que contaban con un mayor de “65 y más”.
Lo que el oficialismo quiere hacer creer que es un avance y contundente atención al problema de la pobreza, en realidad, es un retroceso: se atiende a mucho menos población con estos programas de “ayudas directas” que antes con Progresa, oportunidades o prospera. De ahí la necesidad de hacer creer al pueblo, por medio de propaganda y campañas mediáticas, que estamos bien y que hay que consolidar lo que hasta hoy “avanzamos” con el gobierno de la 4T. La realidad en muy terca: no se ve por ningún lado a las familias que, gracias a la política económica morenista, vivan con bienestar y hayan superado la pobreza que padecían. Las mismas estadísticas oficiales indican lo contrario de lo que el presidente afirma; el número de familias pobres en México se siguen incrementando exponencialmente.
(*) Dirigente del Movimiento Antorchista en las costas de Jalisco.
